Una jueza federal libró orden de aprehensión contra Juan Bernardo Corona Martínez, el segundo secretario de Seguridad Pública que tuvo el exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, por el caso del desfalco de más de tres mil millones de pesos en la construcción de siete cuarteles de la policía estatal.
Patricia Sánchez Nava, jueza de Control del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, con residencia en el Reclusorio Oriente, giró en febrero pasado el mandamiento judicial por la su presunta responsabilidad de Corona Martínez en los delitos de peculado, administración fraudulenta, operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa.
Así lo reportó la Administradora del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Oriente, a un juez de amparo, al que Juan Bernardo Corona Martínez solicitó la protección de la justicia para evitar ser detenido al igual que su antecesor en la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán, José Antonio Bernal Bustamante; el exsecretario de Administración y Finanzas, Carlos Maldonado Mendoza; exdelegado de Finanzas de la SSP, Mario Delgado Murillo; y la exdelegada administrativa de la SSPC, Elizabeth Villegas Pineda, quienes están presos en penales de la Ciudad de México tras ser vinculados a proceso.
A principios de marzo, Juan Bernardo Corona Martínez tramitó un amparo ante juez federal en el que reclamó la “orden de aprehensión, orden de comparecencia y presentación, orden de detención, orden de arresto y su ejecución”.
Derivado de lo anterior, el juez de amparo la concedió la suspensión definitiva, cuyos efectos se desconocen al momento.
Según la Fiscalía General de la República y la Contraloría de Michoacán, Aureoles Conejo y sus excolaboradores señalados realizaron operaciones irregulares y a sobreprecio en la compra de predios y construcción de siete cuarteles de la Guardia Civil de Michoacán en los municipios de Zitácuaro, Uruapan, Apatzingán, Huetamo, Coalcomán, Jiquilpan y Lázaro Cárdenas.