Por la falta de protocolos y omisiones para prevenir, identificar, combatir y sancionar el abuso sexual en escuelas, el organismo civil Educación con Rumbo (ECR) obtuvo una suspensión por parte del Poder Judicial para que la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Fiscalía General de la República garanticen que los planteles sean espacios seguros para niñas, niños y adolescentes, ante el aumento de casos de violencia sexual y pornografía infantil en los centros educativos del país.
“Esperamos que el amparo y la resolución del Poder Judicial de la Federación sea acatada sin reservas por las autoridades considerando que se trata de una problemática muy sensible que afecta a la niñez”, dijo el abogado de la ONG, Miguel Ángel Ortiz.
En un comunicado, refirió que el amparo presentado se dirige a visibilizar el abuso sexual creciente en escuelas, donde México ocupa los primeros lugares a nivel internacional en violencia sexual infantil y pornografía de menores.
“El abuso sexual en escuelas es un delito lacerante por vulnerar a niños entre tres y 17 años y por tratarse de un delito cometido con todas las agravantes que está creciendo en México y que exige que las autoridades lo reconozcan para posteriormente prevenirlo”, dijo.
Sostuvo que que el aumento significativo de incidentes de violencia sexual en escuelas exige una respuesta firme y coordinada de autoridades, directivos de escuelas, maestros y equipo administrativo, destacando la respuesta del Poder Judicial para salvaguardar la Constitución, los Tratados Internacionales y los derechos humanos de los niños al ordenar a las autoridades que implementen medidas inmediatas de protección.