El reciente anuncio del gobierno de Guanajuato de crear un fondo para atender a cerca de 3 mil 773 niñas, niños y adolescentes que han quedado en la orfandad como consecuencia de la violencia, es una decisión acertada frente a la crisis que enfrentan los huérfanos por homicidio, feminicidio o desaparición no solo en el estado sino en todo el país.
De acuerdo con datos de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas, desde su creación en 2020 a la fecha, en Guanajuato la violencia homicida ha dejado en orfandad a casi 3 mil niñas, niños y adolescentes. A esta cifra se suman 773 menores, quienes tienen a sus madres o padres desaparecidos.
Las cifras de homicidios, feminicidios o desaparición son alarmantes en sí mismas; sin embargo, las consecuencias colaterales de esta tragedia también lo son y no hay políticas públicas claras para atenderlas como el caso de las y los huérfanos por desaparición.
Hay acciones desplegadas por algunos gobiernos locales además de Guanajuato, como en el caso de Jalisco y la Ciudad de México, entre otros, pero no existe en los hechos una política integral a nivel nacional.
De acuerdo con el Informe Nacional de Personas Desaparecidas 2025, del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, actualmente existen 128 mil 64 personas desaparecidas; 76.82 por ciento de las cuales son hombres, 22.85 por ciento mujeres y 0.33 por ciento indeterminado.
La Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, establece derechos y mecanismos de apoyo para las víctimas indirectas en casos de desaparición, incluyendo a los hijos e hijas de personas desaparecidas, pero a todas luces es insuficiente.
De entrada, no existe una base de datos sistematizada que permita dimensionar el problema y la elaboración de una política pública específica para su atención.
Según cálculos de la organización Tejiendo Redes Infancia, hasta agosto de 2023, aproximadamente 159 mil niñas, niños y adolescentes vivían en orfandad por desaparición. Esta crisis afecta el desarrollo de las y los huérfanos en muchos sentidos.
La organización Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos advierte que la “orfandad por desaparición” es una condición que no está reconocida aún en las leyes mexicanas y la niñez que la vive es víctima sistemática de graves violaciones a sus derechos humanos. Además, les priva de su derecho a una identidad personal, a una familia y a una protección integral.
A decir de esta organización, es esencial abordar las necesidades específicas de estas infancias mediante políticas públicas focalizadas que incluyan atención psicosocial, educativa, económica y restitución de derechos.
Las recientes reformas aprobadas en el Congreso en materia de desaparición buscan redefinir la estrategia para enfrentar esta grave crisis al fortalecer la búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas, así como mejorar la coordinación entre las autoridades y la atención a familiares de víctimas.
Sin embargo, el tema de las políticas públicas para atender a los infantes y adolescentes que la desaparición de miles de personas ha dejado en la orfandad, se quedó fuera de este paquete de reformas.
No hay duda de la importancia de estas reformas para enfrentar de mejor manera la crisis de las desapariciones en México, pero el Estado mexicano debe ser más sensible frente a la tragedia que viven de manera cotidiana miles de niñas, niños y adolescentes que la violencia privó de sus padres y madres.
