Diversas organizaciones de defensa de la libertad de expresión y asociaciones de periodistas condenaron la aprehensión del reportero veracruzano de nota roja, Rafael Vela León, señalado por los presuntos delitos de terrorismo, encubrimiento por favorecimiento y delitos contra las instituciones de seguridad pública.
Tras su detención, se notificó la imputación de los delitos y un juez de Control calificó como legal la aprehensión, además de dictar prisión preventiva oficiosa como medida cautelar.
Hasta el momento, se desconocen públicamente los hechos por los cuales el periodista es acusado de delitos graves.
Labor
La organización Artículo 19 exhortó a las autoridades de Veracruz, en particular a la Fiscalía General del Estado, a respetar el debido proceso y abstenerse de criminalizar la labor periodística, conforme a los estándares nacionales e internacionales de libertad de expresión.
Asimismo, exigió a la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas y al Mecanismo Federal de Protección a Periodistas evaluar de manera inmediata el nivel de riesgo del comunicador y otorgar medidas de protección adecuadas, a fin de salvaguardar su integridad y garantizar el ejercicio periodístico.
“La cobertura de hechos de violencia o de interés público no puede ser utilizada como base para imputar delitos a periodistas. Article 19 dará seguimiento puntual al caso”, expuso la organización.
Condenan criminalización
Así también, la organización Artículo 19 condenó la criminalización que enfrenta por su labor periodística y exigió a las autoridades de Veracruz erradicar toda práctica abusiva e intimidatoria que amenace el derecho humano de cualquier periodista a la libertad de expresión.
A través de un comunicado, demandó a la Fiscalía General del Estado de Veracruz actuar con imparcialidad e independencia, e hizo un llamado al Poder Judicial de la Federación para que garantice los derechos de León Segovia como imputado y a sostener el debido proceso, quien es acusado de los delitos de terrorismo, encubrimiento por favorecimiento y contra las instituciones de seguridad pública.
Aunado a ello, indicó que el caso se suma a otros recientes, como la vinculación a proceso del periodista Rodolfo Ruiz en Puebla, “lo que refuerza la preocupación por el uso del derecho penal como mecanismo de intimidación”.
