Pasaron más de tres años antes de que las familias de Luis Ojeda, Gregorio Vite y Enrique Bartolomé Hernández, los tres empleados de la empresa Conservación Pilotes de Control, S.A., (Copicosa), que fallecieron en las profundidades de la Torre B2 de Pemex, fueran tratados como el resto de las víctimas mortales de la explosión ocurrida el 30 de enero de 2013.
El TFJFA determinó que Pemex deberá pedirles una disculpa pública, además de indeminizarlos económicamente por un monto que podría alcanzar los 10 mdp por familia.
María Luisa Ojeda esperó tras los barrotes del complejo administrativo hasta que su hermano Luis fue rescatado. Revisó la mayoría de los cuerpos desfigurados y hechos pedazos. Luego de dos días sin que les dieran noticias de su hermano y de los compañeros que trabajaban en el fondo de la torre, las familias denunciaron su olvido. El personal de Recursos Humanos de Pemex les pidió no preocuparse porque los iban a indemnizar “como si fueran petroleros”. El de Luis fue el último de los 33 cuerpos que se recuperaron.
Pago de servicios
Las tres familias de los empleados subcontratados recibieron un ataúd y el pago de los servicios funerarios por parte de Pemex. La empresa Copicosa pagó 148 mil pesos por el término de la relación laboral. De la indemnización por muerte nadie se quiso hacer responsable. Ni siquiera fueron invitados al homenaje.
El nombre de Luis Ojeda, rebosado en letras doradas, era el primero de aquella madera negra que develó el presidente Enrique Peña Nieto. Con el dinero de esta demanda, María Luisa piensa saldar las deudas adquiridas desde hace tres años.
En la demanda presentada por la Organización Nacional de Responsabilidad del Estado, de la que Alberto Guerrero Rojas es director general y representante de las familias, se solicita que, según la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado, se dé la reparación de los daños moral y directo por muerte.
La resolución del proyecto elaborado por Rafael Estrada Sámano, y aprobado por nueve de los 10 magistrados del TFJFA, aún no es pública, pero la demanda de indemnización se eleva a un promedio de 10 millones de pesos por cada familia.
