Por carecer de independencia judicial, Cuba, Venezuela, Nicaragua, El Salvador y Bolivia emergieron como los regímenes autoritarios de izquierda y derecha en América Latina y el Caribe en el siglo XXI.
Los cinco emularon a las dictaduras de Augusto Pinochet en Chile de 1973 a 1990; Alfredo Stroessner en Paraguay de 1954 a 1989; Rafael Trujillo en República Dominicana de 1930 a 1961; de las familias Duvalier en Haití de 1957 a 1986; Somoza en Nicaragua de 1934 a 1979; de los militares de Argentina de 1976 a 1983; Guatemala de 1954 a 1986; o Panamá de 1968 a 1989, que gobernaron a su antojo y sin contrapesos institucionales. Otras dictaduras regionales del siglo XX usaron esa receta.
Aunque las amenazas a la separación de poderes proliferaron en el área, la pérdida de independencia judicial sí se consiguió desde 1959 en Cuba; 1999 en Venezuela; 2007 en Nicaragua; 2011 en Bolivia, y 2021 en El Salvador. La polémica resurgió con las reformas judiciales presentadas por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y avaladas por su sucesora, la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum.
Propuestas
Entre otras variantes enviadas por López Obrador en febrero al Congreso, se propuso elegir por voto popular a jueces y magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), reducir sus mandatos o elegir un Tribunal de Disciplina Judicial por sufragio popular. “El populismo organiza su estructura de poder y la eliminación de la disidencia política a través de la manipulación judicial como sucede en Cuba, Bolivia, Nicaragua, Venezuela, El Salvador y ahora parece ser el caso de México”, afirmó el abogado y diplomático, Jaime Aparicio, exembajador de Bolivia en la Organización de Estados Americanos (OEA).
“Una característica distintiva del populismo autoritario contemporáneo en América Latina y el Caribe es que luego de ganar elecciones con amplia mayoría, buscan prorrogarse indefinidamente, apropiándose de los otros poderes, Judicial, Electoral y Legislativo del Estado”, puntualizó Aparicio a El Universal desde Washington.
“Desmantelan la institucionalidad democrática mediante nuevas leyes y reformas constitucionales. De este modo, despojan a las minorías de su derecho a participar en la vida política y, a través de un sistema judicial bajo su control, persiguen a sus opositores”, añadió.
“Con el triunfo en 1959 en Cuba de una revolución que transitó al comunismo, la isla fue la primera en poner a la Constitución y a la justicia bajo el control de la cúpula política cubana”, aseveró.
Al recordar que en América sólo Bolivia y EU utilizan elecciones judiciales o voto popular para seleccionar a juezas y jueces de tribunales con jurisdicción constitucional, dijo que “la experiencia de los dos países confirma que las elecciones judiciales comprometen la independencia y la imparcialidad judicial”.
“La independencia judicial siempre ha estado en peligro en América en las últimas décadas”, subrayó el abogado constitucionalista, Miguel Antonio Bernal, catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad de Panamá.
“Pese a los esfuerzos ingentes en distintos países para alcanzar mayor autonomía, transparencia y rendición de cuentas del Poder Judicial, los embates contra ese órgano nunca faltan y, en particular, de aquellos gobiernos que, por la estructura de su Estado, tienen inclinaciones de carácter autoritario o autocrático”, planteó Bernal a este diario desde Panamá.
Bolivia realizó ese tipo de comicios en 2011 y 2017, por lo que una nueva consulta en las urnas debió realizarse en 2021. “Los jueces del Tribunal Constitucional bloquearon las elecciones judiciales y ellos mismos se autoprorrogaron. Es una vergüenza. Debieron llamar a elecciones y no lo hicieron para no perder el control del Poder Judicial”, describió Aparicio al insistir que eso ocurrió con apoyo del gobierno del presidente de Bolivia, Luis Arce. “El Tribunal, aliado de Arce, es el órgano más poderoso hoy en Bolivia”, ratificó. Bolivia, Cuba, Venezuela y Nicaragua se afianzaron como el núcleo duro de la izquierda americana.
Electo para un primer quinquenio en 2019 y reelecto bajo cuestionamiento en 2024 para un segundo, el presidente de El Salvador, el derechista Nayib Bukele, asumió control total en 2021 sobre los poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Electoral. Una vía similar adoptó, a partir de 2007, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, para captar el monopolio de poder en ese país. Luego de asumir por victoria electoral en 1998 en Venezuela, el régimen de Caracas acaparó progresivamente los mandos institucionales. En las cinco naciones, la clase gobernante consolidó el nexo con las fuerzas militares y policiales.