Tras múltiples planes gubernamentales y de organismos internacionales lanzados en el siglo XXI para atacar las causas políticas y socioeconómicas que atizan la migración irregular del sur al norte de América, así como tratar de contener la incesante movilidad humana, la crisis migratoria hemisférica se desbordó en 2023.
El principal foco regional del conflicto se afianzó en Panamá, en un proceso que se agravó desde el 2016. Con un acelerado aumento en el número de migrantes irregulares que transitaron por la selva del Tapón del Darién, al pasar de un registro oficial de unos 20 mil en 2016, 133 mil 726 en 2021 y 248 mil 284 en 2022, a 320 mil 98 del primero de enero al 28 de agosto de 2023, Panamá advirtió el viernes pasado que podría cerrar su frontera con Colombia.
“Tratamos de buscar la cooperación internacional con los países de origen y de tránsito de migrantes, pero ha sido difícil”, admitió el ministro panameño de Seguridad Pública, Juan Manuel Pino, en un encuentro regional sobre migraciones la semana anterior en Panamá.
El respaldo recibido por Panamá de organizaciones internacionales, multilaterales y no gubernamentales “no ha sido suficiente, y hemos agotado todas las instancias ante una movilidad humana muy grande”, aseguró.