Sin tiempo para festejos sociales en una fecha histórica, América Latina y El Caribe recordarán el Día Mundial de los Refugiados sometidos al incesante asedio de las corrientes migratorias irregulares de centroamericanos, venezolanos, cubanos, haitianos, africanos y asiáticos en las fronteras de una zona convertida en el actual epicentro del coronavirus.
Más allá de rangos de refugiado, migrante económico o asilado político, la presión creció paulatinamente luego de que la mayoría de límites terrestres, aéreos, marítimos y fluviales, entre las naciones latinoamericanas y caribeñas, fueron cerrados a partir de que el 25 de febrero se confirmó el primer caso de la enfermedad en Brasil y se propagó por la zona.
Las condiciones socioeconómicas que antes de 2020 propiciaron la masiva migración irregular en el área, como pobreza, desempleo, desigualdad, inseguridad alimentaria, criminalidad, violencia y persecución por raza, nacionalidad, religión, creencia política y pertenencia a un grupo social, se agudizaron con el ataque del virus y el riesgo continental es que seguirá agravándose.
“Todos los problemas estructurales han recrudecido a flor de piel y ahora son más visibles por la pandemia”, afirmó la guatemalteca Julia González, coordinadora de la (no estatal) Mesa Nacional para las Migraciones en Guatemala, que estudia el fenómeno migratorio regional.
“La violencia continúa y para las personas que, por la violencia, necesitan huir de un país a buscar protección internacional en otro, la situación tampoco va a desaparecer porque las fronteras están cerradas.
La libre movilidad no está permitida y quienes necesiten movilizarse por violencia y persecución, lo seguirán haciendo por puntos ciegos y exponiéndose a los peligros”, dijo González.
“Podemos prever que aumentará el desplazamiento forzado interno por las dificultades para cruzar fronteras hacia otros países”, agregó.
Más de dos mil cubanos, haitianos, africanos y asiáticos, que pretendían cruzar Centroamérica hacia México y Estados Unidos, y procedentes de Suramérica, están varados en Costa Rica, Panamá y Honduras desde febrero y marzo de este año e inmovilizados por las restricciones de viaje impuestas para enfrentar al Covid-19.
Honduras notificó que un grupo de migrantes irregulares de Cuba, Haití y África, que entraron a esa nación en marzo de este año, abandonaron un albergue temporal en territorio hondureño “aun sabiendo que existen medidas de restricción de movilización” dictadas por efecto de la enfermedad.
A esos migrantes se les alertó en los últimos meses de “los riesgos a los que se exponen en su pretensión de movilizarse” a EU y de que, por los temores de contagio de ese padecimiento, “no existe corredor humanitario para su tránsito”, porque las fronteras de Honduras, Guatemala y México están cerradas, añadió.
Los cubanos, haitianos y africanos fueron advertidos de que “exponen su salud física, integridad personal y la salud pública en el país y a un escenario de discriminación en la ruta”, precisó.
La tensión también se aceleró en los pasos divisorios entre Costa Rica y Nicaragua por la denunciada explotación laboral de mano de obra nicaragüense, sin visa y sin permisos de trabajo, en industrias agropecuarias costarricenses y con sospechas de contagio.
Lío en ascenso
Un de las situaciones más conflictivas por la emergencia sanitaria se agudizó en sectores limítrofes entre Colombia y Venezuela, con miles de venezolanos retenidos en suelo colombiano y con la frustrada intención de retornar a su país.
La crisis se complicó luego de que el presidente venezolano, Nicolás Maduro, acusó el 24 de mayo anterior al Gobierno de Colombia de utilizar la repatriación de esas personas para promover la “infección intencional” con el Covid-19 de la población venezolana.
El dirigente oficialista venezolano, Lisandro Cabello, secretario de la Gobernación del noroccidental estado de Zulia, fronterizo con Colombia, y defensor del gobierno de Maduro, advirtió que “toda persona que viole el sistema migratorio e ingrese en el país será considerada arma biológica y encarcelada”.
Al respecto, el colombiano Juan Espinosa, director de Migración Colombia, respondió que “pensar en los venezolanos como armas biológicas es un concepto miserable” y “deplorable”.
Tras explicar que cuando los venezolanos llegan a puntos fronterizos son sometidos a procesos de tamizaje y de verificación en salud, Espinosa admitió que “ese cuento de que los venezolanos que están saliendo (a Venezuela) son personas con padecimientos de Covid es totalmente falso”.
“Claro que hemos tenido contagios de población venezolana, como lo hemos tenido en población colombiana”, reconoció.
Migración Colombia informó que, a partir de marzo anterior, más de 76 mil venezolanos retornaron a Venezuela “de manera voluntaria” y que unos 24 mil están a la espera de repatriarse.
Espinosa alertó que ese proceso podría tardar unos seis meses por las restricciones que Venezuela estableció para la recepción de sus connacionales.
Colombia anunció el 6 de junio que Venezuela decidió que el tránsito de personas por los corredores humanitarios sólo se podría realizar durante lunes, miércoles y viernes en grupos máximos de 300 personas por dos puentes que unen a ambas naciones.
Espinosa anticipó que las dificultades migratorias se complicarán, porque cerca del 80% de los venezolanos que regresaron a Venezuela volverán a Colombia ante la severa conmoción socioeconómica, política e institucional que azota a ese país desde al menos 2014, y que disparó el éxodo que ya se aproxima a los seis millones de seres humanos.