El libre ejercicio del periodismo podría ser una de las bajas clave de la guerra que el Gobierno de El Salvador intensificó contra las maras o pandillas.
Tras imponer por 30 días y a partir del 27 de marzo anterior un estado de excepción para combatir a la Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio o Mara 18 (M-18), el presidente salvadoreño Nayib Bukele lanzó también su aplanadora política en la Asamblea Legislativa y reformó el Código Penal y una ley de antimaras para criminalizar a los medios salvadoreños radiofónicos, televisivos, escritos o digitales al prohibirles reproducir “mensajes originados o presuntamente originados por pandillas” e imponerles hasta 15 años de cárcel si violan la nueva legalidad.
Los periodistas y los jerarcas de medios serán encarcelados si difunden “cualquier tipo de manifestación escrita que haga alusión a las pandillas”, como “textos, pinturas, dibujos, grafitis” o “las que tengan como finalidad aludir a control territorial de dichos grupos”, según las reformas.
“Esta es una clara, definitiva e inequívoca ley mordaza”, denunció el periodista salvadoreño Fabricio Altamirano.
“Ahora es un crimen hablar de las maras por esta ley mordaza que nos impide a periodistas y medios analizarlas abiertamente. ¿Por qué no se puede hablar de lo que colinda con más de medio millón de personas de ese globo social de unos 70 mil mareros y sus núcleos familiares y otros nexos?”, adujo a este periódico.
“Bukele quiere criminalizar cualquier opinión o pregunta adversa a la narrativa oficial. La mordaza nos impide hablar de lo que sufre, vive y es la realidad de más o menos 10 % o más de la población. Los periodistas no podemos referirnos a esa realidad social gigantesca”, lamentó.
