El senador José María Martínez anunció que solicitará que la Secretaría de Gobernación (Segob) explique al Senado la desaparición de la Coordinación para la Atención Integral de la Migración en la Frontera Sur.
El legislador también solicitará en un punto de acuerdo ante la Comisión Permanente que se precise la razón por la que Humberto Mayans Canabal renunciara a la titularidad de esa dependencia, cuyas funciones absorberá el Instituto Nacional de Migración (INM).
Consideró igualmente necesario que la Segob transparente la forma en que fueron ejercidos los 102 millones de pesos asignados a este organismo que dejó de existir.
Esos recursos inicialmente servirían para aplicar programas de protección a migrantes, sobre todo niños, pero que en la práctica solo fortaleció los esquemas de redadas y deportación, criticó el senador del PAN.
“Lo que ocurrió en un año de la operación de esta coordinación es que se abatieron todos los récords en detenciones y deportaciones, al tiempo que aumentaron los abusos en contra de migrantes centroamericanos”, destacó.
De acuerdo al proyecto original que el presidente Enrique Peña Nieto anunció en julio de 2014, el objetivo de la coordinación era “proteger y salvaguardar los derechos humanos de los migrantes que ingresan y transitan por México [y] poner orden en los cruces internacionales del sur, para incrementar el desarrollo y la seguridad de la región”.
Sin embargo organizaciones de derechos humanos y de protección de migrantes han denunciado que ese organismo intensificó los operativos para evitar que ciudadanos de otros países en tránsito hacia Estados Unidos subieran al ferrocarril conocido como “La Bestia”, además de fortalecer las redadas y puntos de revisión en territorio nacional.
Hizo notar que en un análisis de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos sobre el Plan Frontera Sur, se señaló que durante el último año aumentó la cifra de detenciones de indocumentados centroamericanos en México, mientras que la cantidad de deportaciones se duplicó.
