El 31 de octubre de 2024 se publicó en el Diario Oficial la reforma constitucional que convirtió a Pemex y a la CFE en “empresas públicas del Estado”. Con ella desapareció el carácter de empresas “productivas”, que ambas tenían desde 2013. A partir de ese momento dejaron de estar obligadas a generar valor económico y rentabilidad para el Estado.
El oficialismo presentó dicha iniciativa como una conquista de la llamada “soberanía energética”. Sus promotores aseguraron que, al recuperar su carácter público, Pemex y la CFE se fortalecerían hasta convertirse en palancas del desarrollo nacional. Quienes rechazaron la reforma argumentaron que provocaría menor competitividad y, por ende, menor rentabilidad. Se insistió en un enfoque técnico, no ideológico, que permitiese más inversión privada para satisfacer la creciente demanda.
El oficialismo ganó la votación, pero ¿qué dice la realidad, a dos años de aquella decisión?
De acuerdo con un reporte del IMCO, publicado a finales de octubre, Pemex perdió 38 mil millones de pesos tan solo en los primeros nueve meses de 2026. De hecho, desde 2025 la petrolera aporta menos de lo que recibe a las finanzas públicas. Ese año, la presidenta afirmó que para 2027 Pemex “sale solito”. Sin embargo, en el Presupuesto de Egresos de la Federación recién aprobado, el gobierno prevé darle 81 mil 100 millones. Las promesas, como la deuda, se pueden renegociar.
Hay quien podría argumentar que en 2026 los resultados son menos malos que en 2025, pero debe considerarse que este año el precio del crudo ha sido mayor. Es decir, ni con un mercado más favorable la empresa ha logrado generar más de los que pierde. Y si su deuda financiera está en el nivel más bajo desde 2014, es únicamente porque el Estado ha absorbido parte de esa carga: solo entre enero y septiembre le inyectó 136 mil 500 millones de pesos.
Por su parte, en 2025 la CFE presumía utilidades impulsadas principalmente por el tipo de cambio, que le dejó una ganancia de casi 97 mil millones de pesos. Esa ganancia prácticamente desapareció, mientras su utilidad neta ha caído más de 80 % a lo largo de 2026. En el tercer trimestre registró pérdidas por 23 mil 300 millones de pesos. Lo más preocupante está en sus pasivos laborales, que crecieron 25.7 % y suman 555 mil 600 millones, superando el monto de su deuda financiera.
Entre enero y septiembre, los ingresos petroleros cayeron 21.5 % en términos reales y el déficit presupuestario creció 18.6 %. Esto, en un país donde una parte cada vez más grande del presupuesto se va al pago de intereses: México destina a ello más de 10 % de su presupuesto, más que cualquier otro país de la OCDE. Con ese margen, cada vez más estrecho, se cubren una y otra vez los desequilibrios de ambas empresas, sin corregir las insuficiencias de fondo. Moody’s calcula que Pemex necesitará apoyos de al menos 10 mil millones de dólares anuales durante cinco años, o más si su operación no cambia. Su calificación crediticia está en el terreno especulativo; pero, sin ese respaldo, caería a un nivel cercano al impago.
Es cierto que muchos de los problemas que enfrentan ambas empresas no son del todo nuevos. Sin embargo, la reforma dejó intactas sus insuficiencias. Peor aún, eliminar su obligación de ser rentables debilitó uno de los principales criterios para exigirles resultados. Hace años que el Estado las sostiene artificialmente a cambio de un pobre desempeño. Las metas anunciadas, desde los 1.8 millones de barriles diarios hasta la autosuficiencia financiera, simplemente se incumplen o se posponen sin consecuencias.
En poco más de dos años se han aprobado 27 reformas constitucionales. Ninguna se ha evaluado rigurosamente. Esta, en particular, ofrece un mecanismo transparente para hacerlo: sus cifras trimestrales. Es urgente revisar qué ha funcionado y qué no. El carácter público de una empresa no la exime de rendir cuentas, mucho menos cuando su viabilidad implica perder sistemáticamente valiosos recursos de todos los mexicanos, de esta y de las próximas generaciones.
