En una transformación a la política de seguridad ciudadana, el presidente Abelardo de la Espriella derogó el Decreto 1482 de 2025 para levantar la suspensión general sobre el porte de armas de fuego y restablecer la vigencia de los permisos otorgados bajo el marco regulatorio de 1993.
La medida busca devolverles la capacidad de defensa a los civiles frente a los índices de criminalidad en el país. En palabras del propio mandatario: “Durante años se restringió al ciudadano que cumple la ley mientras los criminales siguieron armándose ilegalmente hasta los dientes. Eso tiene que cambiar. No hay derecho a que los bandidos estén armados hasta los dientes y la gente decente no pueda defenderse”.
Al fundamentar la decisión, el presidente respaldó la medida en los balances recientes de incautaciones de la Fuerza Pública: “Las cifras muestran dónde está la verdadera amenaza: entre el 1º de enero y el 3 de septiembre, [la] Fuerza Pública incautó 15.700 armas de fuego. De ellas, 14.179 estaban relacionadas con la comisión de delitos.
Firmé el decreto que levanta la suspensión general de los permisos para el porte de armas de fuego en Colombia.
Durante años se restringió al ciudadano que cumple la ley mientras los criminales siguieron armándose ilegalmente hasta los dientes. Eso tiene que cambiar.
Pese al levantamiento de la restricción, la normativa mantiene el monopolio estatal de las armas y exige los filtros habituales de evaluación para la aprobación o reactivación de salvoconductos individuales.
Ese es el poder de fuego que el Estado tiene que perseguir y destruir. Que quede claro: esto NO significa porte indiscriminado. Se mantienen controles estrictos, requisitos y permisos de las autoridades competentes. Lo que termina es la suspensión general que convertía la prohibición en regla”, enfatizó De la Espriella.
