"Acapulco, Gro. * El Universal. La PGJE ha registrado en cuatro municipios de las diferentes regiones de la entidad, al menos 11 casos de trata de personas, donde se ha consignado a los responsables y las víctimas, que en su mayoría son mujeres de 18 a 25 años, la cuales son engañadas a través de una relación sentimental.
Durante un taller sobre la trata de personas impartido a medios de comunicación, la titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Sexuales y Violencia Intrafamiliar, María Santiago Sebastián, informó que las regiones donde se han presentado estos casos en lo que va del 2012 son Acapulco, Tlapa de Comonfort, Zihuatanejo y Coyuca de Catalán.
Brevemente explicó un caso en la región de la Montaña, donde una señora contrató a varias jovencitas que se las llevó a otros sujetos que las explotaron laboral y sexualmente , uno de los ""patrones"" las tenía en su domicilio para labores domesticas, pero al mismo tiempo abusaba de ellas.
La fiscal dio a conocer que la Ley 761 del Código Penal del Estado de Guerrero busca sancionar este delito, por lo que se ha involucrado a medios de comunicación impresos, en los cuales se publican anuncios de servicios sexuales
""La trata de personas no nada más es con fines de explotación sexual, sino también con objetivos de mendicidad, niños explotados laboralmente, servidumbre, para la extracción ilegal de órganos y adopciones ilegales"", detalló.
A su vez, la Subprocuradora de Derechos Humanos de la fiscalía guerrerense, Verónica Muñoz Parra, señaló que la ley 761 busca castigar a las personas que también venden a sus hijas como mercancías.
Comentó que estos casos de venta de hijas por mercancía que se publican en medios de comunicación, también puede ser motivo de investigación y de citas ministeriales, para que sus reporteros declaren y con ello se dé seguimiento ""por oficio"" a estos delitos.
Asimismo, dio a conocer que ya empieza a molestar a la ciudadanía el que se publicite en los periódicos el comercio sexual, por lo que en ese sentido dijo que se programará un taller con dueños de medios de comunicación impresos, para que sepan los alcances que se tienen y las sanciones que pueden llegar hasta 30 años de prisión.
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