En el contexto de la publicación de la reforma constitucional que traslada sus funciones al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) hace un llamado al Estado mexicano a continuar la generación de evidencia objetiva, con carácter autónomo y rigor técnico, en materia de medición de pobreza y evaluación y monitoreo de la política social, tareas que desempeñó de forma continua y consistente en las últimas dos décadas.
El Consejo afirma en un comunicado que a lo largo de 19 años se consolidó la metodología, los lineamientos y los criterios que permitieron al Estado mexicano contar con una definición consistente de la pobreza, identificarla geográficamente y medirla a nivel nacional, estatal y municipal; estas estimaciones son un insumo prioritario para que los tres niveles de gobierno diseñen, implementen, evalúen y mejoren su política social.
En este tiempo, se destaca en el documento, el Consejo también desarrolló diversos productos, herramientas e indicadores que han posibilitado análisis cada vez más detallados sobre las características de la pobreza en el territorio nacional, tales como las Líneas de Pobreza por Ingresos (LPI) y el Índice de Tendencia Laboral de la Pobreza (ITLP), esenciales para diseñar, monitorear y evaluar políticas sociales y laborales y para obtener información sobre las condiciones de vida de la población. Mantener su actualización es de gran relevancia para la formulación de intervenciones públicas que prioricen a la población más vulnerable.
En materia de monitoreo, el Coneval tuvo la responsabilidad de crear y consolidar el Sistema de Monitoreo de la Política Social, cuyo resultado ha sido una gestión pública cada vez más orientada a resultados. Como parte de esta labor, el Consejo ha monitoreado el Plan Nacional de Desarrollo, los programas y acciones federales de desarrollo social y los Fondos de Aportaciones Federales.
En materia de evaluación, el Coneval estableció metodologías y lineamientos robustos para realizar evaluaciones externas a los programas sociales de dependencias federales con calidad técnica y relevancia práctica que han permitido valorar los avances de los programas en cuanto a diseño, procesos, desempeño, consistencia, resultados e impacto.