Jan Jarab, representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, le envió una carta a los diputados federales en la que les pide no aprobar la minuta que sanciona distintos delitos, como el robo de combustibles, la corrupción y los delitos electorales, con prisión preventiva oficiosa.
En la misiva, que Jan Jarab dirigió al presidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, y todos los coordinadores que integran la Junta de Coordinación Política, les pide abstenerse de aprobar la extensión de los supuestos de la aplicación de la prisión preventiva que se contempla en la minuta que reforma el segundo párrafo del artículo 19 de la Constitución.
„Por medio de la presente, y de cara al próximo periodo ordinario de sesiones, la ONU-DH alienta respetuosamente a la Cámara de Diputados a abstenerse de aprobar la extensión de los supuestos de aplicación de la prisión preventiva oficiosa establecidos en el párrafo segundo del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos“, describe el documento.
Éste fue redactado el pasado 23 de enero, pero hasta hoy se dio a conocer, luego de que el coordinador de los diputados federales de Morena, Mario Delgado, recordó que este tema quedó pendiente en el periodo extraordinario y por lo tanto tendría que debatirse, y en su caso aprobarse, en la primera sesión ordinaria del 6 de febrero.
En la comunicación de Jan Jarab se adjuntaron cuatro documentos elaborados por organismos internacionales de derechos humanos sobre el tema: Documento con observaciones de la ONU-DH sobre la regulación de la prisión preventiva oficiosa; la Carta del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria; el Comunicado de prensa del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria y el Comunicado de prensa de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Explicó que en todos ellos existe un “sólido consenso” de los organismos internacionales de derechos humanos, acerca de la incompatibilidad de la prisión preventiva oficiosa con los compromisos adoptados por el Estado mexicano.
“Por lo anterior, lejos de ampliar los supuestos de aplicación, debería de eliminarse la prisión preventiva oficiosa del ordenamiento jurídico mexicano”, detalló la ONU.
Agregó que la ONU refrenda su plena disponibilidad para seguir brindando la asesoría y cooperación técnicas que precise la Cámara de Diputados, dentro del marco de respeto a los procedimientos parlamentarios y en los términos que más convengan a este órgano colegiado.
