Organizaciones estadounidenses no gubernamentales de protección de los derechos humanos exigieron a los gobiernos de Estados Unidos y México que detengan la política que intensificaron en 2021 de ejecutar expulsiones aéreas y terrestres de migrantes irregulares a Guatemala desde territorio mexicano.
“Dichas expulsiones, coordinadas entre autoridades estadounidenses y mexicanas violan el derecho internacional, carecen de sustento jurídico y administrativo, y tienen impactos graves en las personas que las padecen”, aseguraron.
“Nos preocupa que las administraciones de EU y México generen un proceso escalonado de expulsión inmediata, negando u omitiendo los derechos de las personas a acceder a mecanismos de regularización, o bien, violando las garantías de las personas que ya han iniciado procesos de protección internacional”, acusaron.
Suscrito por más de 85 organizaciones y colectivos no gubernamentales, el pronunciamiento fue emitido en Costa Rica por el (no estatal) Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), organización hemisférica de derechos humanos y firmante.
El gobierno del presidente de EU, Joe Biden, debe “cesar acciones de presión hacia los gobiernos de la región para hacerlos partícipes de la detención migratoria, a través de la militarización y externalización de sus fronteras”, destacaron.
México se involucró con Estados Unidos en un vasto operativo aéreo de Texas a Tabasco que comenzó a mediados de este año para deportar masivamente a migrantes irregulares de Centroamérica, Cuba, Haití y Venezuela y se intensificó en la primera quincena de agosto con la expulsión por tierra hacia Guatemala, sin notificar ni explicar al gobierno guatemalteco, de unas 500 personas al día.
Informes mostraron que, con engaños y sin saberlo, los migrantes son retenidos en albergues en Texas supuestamente para efectuar sus trámites, pero son trasladados al aeropuerto internacional de Houston, en ese estado.
Luego son introducidos a aeronaves que los transportan a Villahermosa, Tabasco, y después a autobuses que los llevan a El Ceibo, puesto de la región central de la frontera entre México y Guatemala.
En el documento, las agrupaciones aseguraron que la práctica también se expandió al estado de Chiapas, limítrofe con Guatemala, con expulsiones por el puesto guatemalteco de El Carmen desde la estación mexicana de Talismán.
El conflicto fue planteado el pasado miércoles en la capital mexicana por el canciller de Guatemala, Pedro Brolo, al de México, Marcelo Ebrard. México y EU defendieron su política migratoria como respetuosa de los derechos humanos.
La cancillería guatemalteca informó ese día que Brolo “manifestó (a Ebrard) su profunda preocupación ante la problemática que representa el retorno de personas migrantes hacia el sur de México por los puertos fronterizos El Carmen y El Ceibo”.
Brolo argumentó a Ebrard que esos dos sitios “poseen las condiciones necesarias para recibir de manera segura y digna a estas poblaciones con los protocolos migratorios y sanitarios correspondientes, con lo cual se evita que las personas sean expuestas a situaciones de vulnerabilidad en esta fase del ciclo migratorio”, puntualizó.
De acuerdo con el recuento de hechos, “estos vuelos forman parte de las medidas de la administración de (presidente de EU) Joseph Biden para acelerar las expulsiones de personas migrantes bajo el Título 42, y se suman a acciones del Estado mexicano para contener y devolver a personas solicitantes de refugio y refugiadas”.
