El Comité Contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) solicitó formalmente a las autoridades mexicanas considerar la posibilidad de que el caso de la abogada y defensora de derechos humanos, Sandra Domínguez Martínez, y de su pareja Alexander Hernández Hernández, sea una desaparición forzada en la que pudieron participar funcionarios del actual gobierno de Oaxaca, ante lo cual emitió una serie de recomendaciones al Estado mexicano.
En primer término, pide establecer de forma urgente una estrategia integral que incluya un plan de acción y un cronograma para la búsqueda inmediata, y para la investigación exhaustiva e imparcial de sus alegadas desapariciones, que tome en cuenta toda la información disponible, incluido el contexto de ocurrencia de los hechos.
La ONU solicitó asegurar que dicha estrategia cumpla con los requisitos de la debida diligencia en cada una de las etapas del proceso de búsqueda, incluyendo oficiosidad, inmediatez y exhaustividad de la investigación; y garantizar la completa independencia.