La diputada priista, Karina Barrón Perales, planteó reformar la Ley General de Responsabilidades Administrativas para establecer que los servidores públicos del Poder Judicial sean sujetos a una sanción administrativa de 15 años, en caso de que incurran en perjuicio de las niñas, niños y adolescentes.
Propuso que esta pena administrativa, más la mitad de lo que se establezca con relación a la comisión del delito de que se trate, se aplicará a quienes no se conduzcan bajo los principios de legalidad, objetividad, profesionalismo e imparcialidad.
“Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho de prioridad y este consiste en que la autoridad les brinde protección y socorro ante cualquier circunstancia o situación en la que se encuentren”, indicó.
Barrón Perales reiteró que los órganos jurisdiccionales, autoridades administrativas y órganos legislativos deben considerar de manera primordial el interés superior de los menores, evitando a toda costa todo aquello que los afecte.
Recalcó que es obligación de los jueces examinar las circunstancias específicas de cada asunto para poder llegar a una solución estable, justa y equitativa que beneficie a los infantes.