Para proteger a las personas adultas mayores de delitos como robo o fraude, la diputada pevemista Ciria Yamile Salomón Durán presentó una iniciativa para definir puntualmente el delito de violencia familiar, incorporar una pena corporal y, en caso de existir agravante, que el infractor pierda el derecho a heredar.
La propuesta contempla penas carcelarias de seis meses a cuatro años, incrementándose en una mitad si el ilícito se realiza mediante violencia física, psicológica o moral.
De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en México, en 2020, residían 15.1 millones de personas de 60 años o más, que representan el 12 % de la población total.
La propuesta establece que se considera violencia familiar a la manipulación y/o engaño de una persona adulta mayor sin medios violentos, para obtener un lucro indebido para sí o para otro; la administración, el apoderamiento o el ejercicio de control, sobre sus bienes sin que medie sentencia judicial, así como la realización de actos que impidan su visita y convivencia y que sean cometidos por un familiar hasta en cuarto grado de parentesco de consanguinidad, o cualquier otra persona con la que la víctima haya tenido una relación o vinculo de confianza.
También se sancionará con prisión de seis meses a cuatro años, incrementándose las penas en una mitad si el ilícito se realiza mediante violencia física, psicológica o moral. Asimismo, si la víctima es ascendiente de quien cometa este tipo de conductas, se le privará al infractor del derecho de heredar.
