El presidente de la Mesa Directiva del Senado, Roberto Gil Zuarth, consideró que el Congreso mexicano debe legislar una ley que coordine los tres órdenes de gobierno para atender, prevenir y sancionar las desapariciones forzadas de personas.
El Senado de la República no puede quedarse en meros pronunciamientos y puntos de acuerdo respecto al caso Iguala, sino que es necesario avanzar en una agenda que fortalezca las capacidades institucionales del Estado para evitar que nunca más ocurra un suceso como el ocurrido con los 43 normalistas de Ayotzinapa.
El legislador del Partido Acción Nacional (PAN) subrayó que dicha ley debe “prevenir y sancionar efectivamente este tipo de acontecimientos” y “lo que requiere el Estado mexicano son instrumentos”.
El Congreso de la Unión tiene en sus manos esta posibilidad de construir los instrumentos a través de una reforma profunda que genere no solamente mejores marcos legales, expuso, sino también lineamientos claros de coordinación entre los órdenes de gobierno.
Con ello en mente es que los grupos parlamentarios del Senado trabajan de manera intensa, para aproximar posiciones con respecto al pronunciamiento que hará el Senado de la República sobre la agresión y desaparición de alumnos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa.
Gil Zuarth comentó que la Junta de Coordinación Política (Jucopo) valora los distintos puntos de acuerdo que se presentaron, con el propósito de construir una posición común.
Estímulos fiscales
La diputada Verónica Delgadillo García señaló que aunque en la Ley General del Impuesto Sobre la Renta se especifica un estímulo fiscal para empresas que contraten a mayores de 65 años, persiste la preferencia laboral por personas jóvenes.
Esa situación no solo afecta a esta población, sino también a quienes tienen más de 40 años, lamentó la legisladora de Movimiento Ciudadano por Jalisco.
Refirió que de acuerdo con la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2014, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y el Consejo Nacional de Población (Conapo), en el país hay más de 29 millones de personas en el rango de 40 y 64 años, quienes representan 24.48 por ciento del total de la población.
El estudio subraya que en México hay una tendencia ligera de envejecimiento, pues de 2010 a 2014 la cifra de personas de entre 30 y 59 años aumentó de 34 a 36 por ciento, mientras que los adultos mayores de 60 años pasaron de 9.1 a 10.9 por ciento de la población total.
Estos números, subraya Delgadillo García, demuestran que las personas de 40 a 64 años representan un importante sector poblacional, todavía catalogado en edad económicamente activa.
Por ello promueve una iniciativa de reforma a la Ley General del Impuesto Sobre la Renta para que empresas que contraten a personas mayores puedan acceder a estímulos fiscales, considerando dos rangos de edades: entre 40 y 64 años, y el existente en la referida norma, de 65 años y más.
Propuso que los patrones que contraten a personas en el primer rango de edad sean estimulados fiscalmente con el equivalente a 25 por ciento del salario que se les paguen. Para quienes empleen a personas mayores a 65 años, plantea elevar el estímulo fiscal de 25 a 50 por ciento de su salario.
Segunda vuelta electoral
En otro tema, el Partido Sinaloense (PAS) exhortó al Senado a dictaminar la iniciativa ciudadana que propone legislar en materia de revocación de mandato y segunda vuelta electoral, con la que se establecería una nueva concepción de la democracia.
Luego de reunirse con legisladores federales, el diputado local Héctor Melesio Cuén Ojeda, recordó que desde hace un año se presentó la iniciativa que está en proceso de análisis en las comisiones de Puntos Constitucionales; Gobernación; y Estudios Legislativos.
“Luego de casi un año de análisis es momento de sacar de la congeladora legislativa esta importante reforma que busca fortalecer los procesos democráticos, de rendición de cuentas y de participación ciudadana en el país”, advirtió en entrevista en el Senado.
El también dirigente del PAS, dijo que “no se pueden menospreciar más de 227 mil firmas de ciudadanos que están de acuerdo con las reformas presentadas”.
Cuén Ojeda detalló que se propone aplicar la segunda vuelta cuando ninguno de los candidatos obtenga mayoría absoluta; entonces, la autoridad electoral pronunciará la declaratoria de la elección en que deberá efectuarse segunda votación.
Además, convocará a quienes hayan alcanzado los dos porcentajes más altos. Si el candidato que haya obtenido el segundo lugar declina, la autoridad declarará de manera expresa al de mayor número de votos de la primera votación.
Este mecanismo permite alcanzar una mayoría absoluta entre los dos contendientes en la segunda votación, para garantizar una mayor gobernabilidad o legitimidad de quienes resulten electos.
