"Ciudad de México * El Universal. Los defensores de los mandos militares enviados a prisión por sus presuntos nexos con el narcotráfico, solicitaron al juez de la causa que antes de definir su situación jurídica, comparezcan los testigos protegidos ""Mateo"" y ""Jennifer"", ante las irregularidades, que aseguran, existen en sus declaraciones; también pidieron que se cite a los narcotraficantes Edgar Valdéz Villareal, ""La Barbie"" y José Gerardo Álvarez Vázquez, ""El Indio"", para que señalen si tuvieron relación o no con sus coacusados.
Así lo indicaron en entrevista, Ricardo Sánchez Reyes Retana, representante legal del ex subsecretario de la Defensa Nacional, Tomás Ángeles Dauahare; Luis Fernando López Capella, abogado del general en retiro Roberto Dawe; Alfredo Villanueva, quien defiende al teniente coronel retirado Silvio Isidro de Jesús Hernández Soto. En el caso de Jaime Cortés, abogado del general Ricardo Escorcia Vargas, éste indicó no poder hablar sobre su estrategia.
El resto detalló algunas de las pruebas que han ofrecido y las diligencias que solicitaron para que se desahoguen en este momento procesal, previo a que el 6 de agosto el Juez Tercero de Distrito en Materia de Procesos Penales Federales defina la situación legal de sus clientes, acusados por la Procuraduría General de la República (PGR) de delincuencia organizada con el propósito de cometer delitos contra la salud ante su presunta relación con el Cártel de los Beltrán Leyva.
De forma conjunta los litigantes pidieron al juzgador federal que admita una ampliación de declaración de los exoperadores del Cártel de los Beltrán Leyva, Sergio Villareal con clave de testigo protegido ""Mateo"", y Roberto López Nájera identificado como ""Jennifer"", ya que aseguran que presentan inconsistencias, sus dichos no se demuestran con otras pruebas, y en algunos casos son ""testigos de oídas"" a los que no les constan los hechos.
Por ejemplo, en la averiguación previa AP/PGR/SIEDO/UEIDCS/112/2010, el testigo ""Mateo"", aseguró que en julio de 2008 se encontró con Ángeles Dauahare en el centro comercial Perisur, y lo trasladó a una casa de seguridad en la que el general supuestamente se reunió con el capo Arturo Beltrán Leyva, quien le entregó 5 millones de dólares.
No obstante, el abogado Ricardo Sánchez, en la diligencia de declaración preparatoria del miércoles pasado, detectó que el testigo modificó sus declaraciones y ""rectificó"" que la reunión se dio pero en 2007, cuando la defensa del general ya había hecho público que en la fecha que refirió primero, Ángeles Dauahare estaba en el extranjero. ""Es un cambio de declaración no espontáneo, que hace presumir inducción, lo que es una prueba de la falta de veracidad de sus dichos, por lo que no deben ser admitidos como válidos"", detalló.
En el caso del general Roberto Dawe, informó su abogado, el testigo ""Jennifer"" en una diligencia en la que participó, le exhibieron una fotografía del militar, en la que dijo: ""si lo he visto, no sé su nombre"" pero lo señaló como alguien que se reunía con integrantes del crimen organizado, sin que su declaración se soporte con otras pruebas. El abogado López Capella destacó que solicitó al juez la comparecencia de ""La Barbie"" y ""El Indio"" para que declaren si tuvieron relación con su cliente y el resto de los generales, pues ""en el expediente no existe otro indicio que no sean testimonios de oídas"".
Villanueva el representante del teniente coronel retirado Hernández Soto, ofreció por su parte pruebas para refutar acusaciones de ""Jennifer"" que ubican al militar en una supuesta reunión con delincuentes, cuando en la fecha que refiere el testigo su cliente ya estaba fuera del Ejército, y se encontraba en un estado del país distinto al que se señala en la investigación de la PGR, por lo que entregó las evidencias.
Dijo que, además, se trata de un ""testigo singular"" no hay ninguna otra declaración contra su defendido, por lo que en su estrategia de defensa se sumó a los abogados del resto de los inculpados para pedir la ampliación de declaración de los excolaboradores del narcotráfico en que la PGR sustenta las acusaciones.
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