Organizaciones, activistas y familiares de víctimas del incendio en la estación migratoria Lerdo-Stanton, ubicada en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde el 27 de marzo se registró el siniestro que dejó 40 extranjeros fallecidos y decenas de heridos, solicitaron al Senado desaparecer las 35 estaciones del INM y las más de 350 provisionales que funcionan como un sistema carcelario, así como transparentar las investigaciones y sancionar a todos los funcionarios responsables.
En reunión con el Grupo de Trabajo de Senado que da seguimiento a dicha tragedia, expusieron que la misma es consecuencia directa de un sistema y de políticas migratorias que criminalizan, victimizan y tratan desincentivar la migración internacional de personas en tránsito por México.
Gretchen Kuhner, del Instituto para las Mujeres en la Migración, solicitó a los y las legisladoras un cambio estructural en la política migratoria y la desaparición de las estaciones migratorias, porque de manera cotidiana, se registran detenciones arbitrarias, no hay condiciones de salud digna para los migrantes y se registra abuso físico y sexual.
Lorena Cano Padilla, abogada en el Instituto para las Mujeres en la Migración, aseveró que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas no ha permitido el acceso a expedientes médicos de los migrantes lesionados en esta tragedia, por lo que no se les ha garantizado la reparación integral del daño.
Los representantes de organizaciones de la sociedad civil que apoyan a los familiares de las víctimas del incendio denunciaron que las gestiones de las autoridades mexicanas para investigar el caso, reparar el daño a las víctimas y a sus familias no son transparentes; además acusaron que la revictimización, el hostigamiento a los sobrevivientes y sus familias han caracterizado todo el proceso.
