La Asamblea Nacional de Venezuela presentó una solicitud ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) para que se frene el proceso de salida del sistema interamericano, iniciado la semana pasada por el gobierno del presidente Nicolás Maduro.
El presidente de la asamblea, Julio Borges, entregó al secretario general de la OEA, Luis Almagro, el decreto aprobado por el Poder Legislativo, determinando que la decisión del gobierno debe ser anulada y por lo tanto Venezuela no puede salir del sistema interamericano.
“Esto pararía el reloj de los dos años”, dijo Borges a periodistas al término de su encuentro de 40 minutos con Almagro en la sede de la organización, a quien además entregó la explicación de los argumentos legales que sustentan su solicitud.
“La Constitución de Venezuela establece que todo los pactos, todos los acuerdos internacionales relacionados con derechos humanos tienen rango constitucional, son parte de la Constitución, por lo tanto ni aunque el Parlamento o el Ejecutivo quisiera salirse de cualquiera de estos acuerdos pondrían hacerlo”, explicó.
Borges precisó que una vez que el Estado venezolano ha suscrito acuerdos que incorporan este aspecto, “ya eso queda en piedra”.
Venezuela oficializó el pasado viernes su decisión de dejar la OEA con la entrega de una carta, como lo establece el estatuto constitutivo, marcando la primera salida de un Estado miembro en los 69 años de historia del organismo.
Aunque con ese acto el gobierno del presidente Maduro suspendió de manera efectiva sus actividades al interior del organismo, del cual fue fundador, la entrega de la misiva marcó empero el inicio de un proceso de dos años antes de que la salida de Venezuela sea efectiva.
La salida de Venezuela fue precipitada por el voto del miércoles mediante el cual el Consejo Permanente de la OEA convocó a una reunión de consulta de cancilleres para discutir la crisis política y humanitaria, ante el malestar de ese gobierno que lo consideró como una intromisión en sus asuntos internos.
“Ese proceso es completamente nulo y además contrario a la Constitución” insistió Borge, quien reconoció que la decisión final será de la OEA, donde empero perece existir un desconocimiento preciso sobre el curso de esta última petición.
