La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) exigió a Venezuela garantizar la integridad y los derechos mínimos a los colombianos que son deportados de manera masiva.
El Estado venezolano “debe adoptar todas las medidas que sean necesarias para garantizar que no se apliquen perfiles raciales en el marco de redadas migratorias”.
La CIDH reiteró que, de conformidad a las normas y estándares internacionales, a los inmigrantes sujetos a procedimientos que puedan conllevar a su deportación, se les deben respetar garantías mínimas.
La CIDH señaló que estas “deportaciones arbitrarias estarían siendo realizadas por miembros de las fuerzas armadas venezolanas, en cumplimiento de las instrucciones dadas por el presidente Nicolás Maduro”.
Maduró decretó un estado de excepción en varios municipios de Táchira, así como el cierre de la frontera por un período de 60 días desde el 22 de agosto de 2015, después de la muerte de dos miembros de la Guardia Venezolana, por parte de una supuesta banda de contrabandistas.
Como parte del estado de excepción, Maduro ordenó el envío de más de mil 500 tropas adicionales al estado fronterizo de Táchira para buscar casa por casa a los responsables del mencionado enfrentamiento.
De acuerdo a la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas (OCHA), desde el 22 de agosto, por lo menos, mil 88 migrantes colombianos, incluyendo 244 niños, niñas y adolescentes, habrían sido deportados desde Venezuela.
Según la Cruz Roja Colombiana, cuatro mil 260 personas adicionales habrían retornado de forma espontánea a Colombia tras la declaratoria del estado de excepción y el cierre de la frontera.
