Diputadas federales de Morena y del PRD exhortaron a la Fiscalía General de la República y a las fiscalías estatales a presentar ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión un informe sobre el estado que guardan las carpetas de investigación sobre las presuntas agresiones sexuales cometidas en contra de menores de edad, realizadas en distintas escuelas de México.
A casi dos meses de que El Universal publicó el informe “Es un secreto. La explotación sexual en escuelas”, elaborado por la Oficina de Defensoría de Derechos de la Infancia (ODI), que revela abusos sexuales y pornografía infantil detectados en 18 jardines de niños públicos y privados del país contra más de un centenar de menores de entre tres y cinco años, las legisladoras lamentaron que ni la FGR ni la Secretaría de Educación Pública (SEP) hayan actuado o emprendido acciones contra los responsables.
“La Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta respetuosamente a la Fiscalía General de la República y a sus homólogas en las distintas entidades federativas del país, a que agilicen las investigaciones respecto de las presuntas agresiones sexuales cometidas en contra de menores de edad, realizadas en distintas escuelas de México y finquen a la brevedad las sanciones penales y administrativas correspondientes”, señala el exhorto.
Las diputadas federales por Morena, Laura Imelda Pérez Segura, y del PRD, Frida Esparza Márquez, expusieron por separado que de acuerdo con el informe de ODI, “pese a las pruebas mostradas, en las que se evidenciaban patrones que apuntaban a bandas organizadas que podrían tener ramificaciones a nivel internacional dedicadas a la pornografía infantil, el Ministerio Público federal consideró ‘agotada la investigación’, que en los hechos consistió en cuatro oficios; ‘no realizó una sola acción de investigación seria antes de determinar el no ejercicio de la acción penal y cerrar el expediente”.
Tanto por denuncias recibidas directamente, como por solicitudes de información y de colaboración exterior, la ODI identificó “patrones delictivos marcados por acciones organizadas entre varios adultos y perpetradas de manera masiva en planteles tanto privados como públicos, comportamientos que pudieran ser indicativos de que algunas escuelas han sido capturadas para la comisión de delitos de explotación sexual en línea”.
Esparza Márquez expuso que es penosa la actuación de la titular de la SEP, Delfina Gómez ante este tipo de denuncias, con testimonios, ya que no conoce en qué escuelas fueron reubicados algunos de los maestros y maestras, así como trabajadores administrativos y de intendencia, que estuvieron involucrados en casos de abuso sexual contra menores de edad.
Recordó que el informe documenta graves denuncias de violencia sexual en las escuelas, pero la respuesta de la Secretaría de Educación Pública (SEP) ha sido sólo proceder con una investigación interna ante la denuncia de delitos graves en lugar de llevarla a instancias correspondientes, lo cual hace difícil distinguir entre la omisión y el encubrimiento de los depredadores sexuales de menores.