La dirigencia nacional del PAN solicitó a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) que informe si hay personas servidoras o exservidoras públicas investigadas por el gobierno de Estados Unidos por presuntos vínculos con el crimen organizado o con actividades ilícitas.
En una carta dirigida al canciller Juan Ramón de la Fuente y entregada en Oficialía de Partes por el presidente de Acción Nacional, Jorge Romero Herrera, se pide también información sobre las restricciones migratorias a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmedo.
"En Acción Nacional, nos dirigimos a usted con profunda preocupación ante la grave situación que enfrenta México, la cual consideramos que pone en serio riesgo la estabilidad democrática y la seguridad de nuestra nación. Esta inquietud surge ante la alarmante posibilidad de vinculación entre actores políticos del gobierno mexicano y grupos de la delincuencia organizada, con presuntas actividades que involucran el tráfico de drogas, el comercio ilícito de combustible, el lavado de dinero y el uso de recursos de procedencia ilícita.
"Las recientes sanciones impuestas por el gobierno de los Estados Unidos a funcionarios públicos de la actual administración, así como las presuntas acusaciones que involucran a funcionarios anteriores, evidenciadas a través de comunicados oficiales e investigaciones periodísticas, exigen una respuesta clara y una rendición de cuentas exhaustiva por parte de las autoridades mexicanas", afirma el PAN en su misiva.
"De igual manera, solicitamos se informe si existe una lista oficial de personas mexicanas vinculadas con actividades ilícitas en posesión del Gobierno estadounidense, y si dicha información ha sido compartida de manera institucional con el Gobierno de México".
La dirigencia nacional del PAN solicita a la Cancillería que se precise si existen investigaciones abiertas por parte de agencias como la DEA, el FBI, el Departamento del Tesoro o el Departamento de Justicia contra actores políticos mexicanos en funciones o retirados, y si tales investigaciones contemplan mecanismos de cooperación judicial bilateral.
"Consideramos que el Gobierno Federal no puede permanecer en silencio ante esta situación. Si entre sus colaboradores, gobernadores o legisladores existen personas involucradas con el crimen organizado, su gobierno tiene la obligación moral y legal de actuar con determinación, y no de encubrir", indicó.
