La LXIV Legislatura del Congreso oaxaqueño aprobó un punto de acuerdo en el que exhorta a la Fiscalía General de la República (FGR) a iniciar de oficio las investigaciones relacionadas con los crímenes de lesa humanidad cometidos por el Estado en contra del movimiento social de 2006 y 2007.
Esta solicitud, aprobada con el voto de 29 de los 42 legisladores locales, se desprende luego que se diera a conocer sobre las órdenes de aprehensión contra el exprocurador de Oaxaca, Evencio Nicolás Martínez Ramírez, y otros servidores públicos, por la desaparición forzada en 2007 de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez. “Quienes sabemos de la represión gubernamental al movimiento social de Oaxaca de 2006 y 2007, celebramos el proceso que derivó en las órdenes de aprehensión, pues marca un parteaguas en el quehacer gubernamental en el abordaje de los crímenes cometidos por el propio Estado en el régimen pasado”, expresó la diputada Arcelia López Hernández.
También afirmó que es una muestra de la “profunda transformación política” que vive el país y del compromiso de acabar con la impunidad sobre los crímenes cometidos al amparo del poder gubernamental. La legisladora aseguró que durante la represión al movimiento social en Oaxaca en esos dos años, los gobiernos federal y estatal violaron de manera masiva y sistemática diversos derechos humanos, como la presunción de inocencia y los derechos humanos relacionados con el debido proceso, las garantías judiciales, así como el derecho a la justicia.
“Los gobiernos de Felipe Calderón y Ulises Ruiz Ortiz cometieron detenciones arbitrarias, tratos crueles, inhumanos y degradantes; desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales. La tortura fue sistemática y generalizada”, apuntó. Entre las personas que fueron asesinadas durante el movimiento mencionó a Arcadio Fabián Hernández, Eleuterio José Jiménez Colmenares, Lorenzo Sampablo Cervantes, Alejandro García Hernández, Emilio Alonso Fabián, Esteban López Zurita, Bradley Ronald Will, Raúl Marcial Pérez y Alberto Jorge López Bernal.
Recordó que la Comisión de la Verdad, presidida por el sacerdote católico Alejandro Solalinde, calificó estos asesinatos como ejecuciones extrajudiciales. “Es decir, que existen elementos suficientes para sostener que fueron asesinados por agentes gubernamentales, y se trató de crímenes de Estado. Que todos responden a una forma de operar, que incluyó la acción del gobierno para la eliminación de pruebas que podrían conllevar a encontrar a los autores materiales e intelectuales”, precisó.
