La Red Latinoamericana para el estudio de los Sistemas de Aprendizaje, Innovación y Construcción de Competencias (Lalics) se pronunció en favor de los 31 científicos y exfuncionarios del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y el Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT), por lo que señaló que “la insistencia en un proceso legal” contra la comunidad científica “empaña la posibilidad de que las diferentes posiciones sobre las políticas públicas de CTI puedan ser planteadas y se construyan puentes entre ellas a favor del país”.
A través de un comunicado, la Red recordó que un juez dictó una sentencia definitiva ratificando que la acusación que emprendió el Conacyt de María Elena Álvarez-Buylla no contenía elementos, aunque la Fiscalía encabezada por Alejandro Gertz Manero iba a volver a presentar el caso por tercera vez.
Los argumentos contra los miembros de la comunidad científica señalan que el Foro Consultivo se había constituido como una asociación civil “y para los procesos de consulta constituían una desviación de fondos hacia fines privados, incluso personales, y la consumación de acciones al margen del interés de la ciencia nacional”.
Sin embargo, la Red enfatizó que el FCCyT se creó en 2002 junto con la Ley de Ciencia y Tecnología para ser un organismo de consulta autónomo no sólo para el Conacyt, sino también para el Poder Ejecutivo.
“Hoy, ante cambios en el enfoque hacia la CTI y los actores involucrados, la actual administración de Conacyt propone que los recursos destinados al Foro siempre tuvieron un carácter ilegal, pues se discrepa en la manera en la que se implementó la legislación en el pasado.
“Esta situación se enmarca en un debate entre la actual administración de Conacyt y administraciones anteriores de esta institución y del FCCyT, involucrando a miembros de las comunidades de CTI”, dijo la Red.
