Amnistía Internacional (AI), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), la Comisión Internacional de Juristas y Freedom House, entre otras organizaciones civiles, hicieron un llamado a las autoridades venezolanas para que se abstengan de criminalizar la protesta y cumplan plenamente con los estándares y normas internacionales sobre el uso de la fuerza.
A través de un comunicado, expresó que las protestas en Venezuela se dan en un contexto posterior a las elecciones presidenciales que se celebraron el pasado domingo 28 de julio de 2024 y cuya transparencia ha sido altamente cuestionada por la comunidad internacional.