La alianza legislativa “Va por México” en la Cámara de Diputados solicitó por conducto de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), que se realice el trámite correspondiente para que, a través del presidente de la Mesa Directiva, que encabeza el morenista Sergio Gutiérrez Luna, se promueva una controversia constitucional contra el “decretazo”.
Lo anterior en respuesta al acuerdo del Gobierno Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) del 22 de noviembre del año pasado, en el que –por instrucción presidencial– se declara de interés público y seguridad nacional la realización de proyectos y obras a cargo del Gobierno de México, asociados a infraestructura.
Con este fin, el decreto gubernamental instruye a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal a otorgar la autorización, los permisos o licencias provisionales, de manera “fast track”, en un plazo máximo de cinco días hábiles, para iniciar los proyectos a cargo del Gobierno de México. Estos documentos tendrán una vigencia de 12 meses, tiempo en el que habrán de obtener las autorizaciones definitivas.
Las bancadas coordinadas por Jorge Romero Herrera, del PAN, Rubén Moreira Valdez, del PRI, y Luis Espinosa Cházaro, del PRD, consideran que ese acuerdo es inconstitucional, ya que carece de un fundamento y motivación válidos, contraviene lo dispuesto en los artículos 3 y 4 de la Ley de Seguridad Nacional y establece un régimen de excepción para todo lo que determine el Gobierno Federal.
Las autorizaciones provisionales carecerán de certeza en su contenido y pudieran ser ilegales, apuntan en el documento, además de que exceptúa por decreto el cumplir los requisitos establecidos en la ley para obtener licencias, permisos o concesiones que requieran esos proyectos y sean catalogados, por simple enunciación presidencial, como prioritarios y de seguridad nacional.
