Empresas tabacaleras y cámaras extranjeras en México comenzaron a presionar para echar atrás las restricciones al consumo de tabaco contenidas en el anteproyecto de reforma del Reglamento de la Ley General para el Control del Tabaco, que actualmente revisa la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer).
En oficios enviados a la Conamer, piden revisar el documento al asegurar que ampliar la prohibición tendrá afectaciones en la industria, en trabajadores y en acuerdos como el T-MEC.
En una carta a la Comisión, en donde se encuentra este anteproyecto de decreto presidencial, Tabacos del Pacífico Norte (TPN), subsidiaria de Universal Corporation, con sede en Estados Unidos y con negocios en 30 países, manifestó que el proyecto del gobierno mexicano pone en riesgo los esfuerzos que ha hecho la empresa en protección de los derechos laborales para sus trabajadores.
Destacó que el anteproyecto, en su artículo 40, fracción XV, busca prohibir por completo las prácticas de responsabilidad social corporativa de tabacaleras.
Afirmó que sus programas no solo benefician a miles de familias en el país, sino que también ayudan a avanzar en las obligaciones de México bajo una serie de tratados internacionales, contribuyendo a que las exportaciones de tabaco en hoja sean viables en el mercado global, y que no están destinados, directa o indirectamente, a promover una marca corporativa, el consumo de productos o una imagen pública dentro de México.
Expuso que el T-MEC, el Acuerdo Global UE-México y la Directiva pendiente de la Unión Europea sobre Debida Diligencia en Sostenibilidad, son algunos tratados que incluyen los requisitos de la cadena de suministro como condición para la continuación del comercio entre México y entidades extranjeras.
En otra carta enviada a la Conamer, la Cámara Japonesa de Comercio e Industria de México, la cual aglutina a más de 500 empresas, indicó que en este anteproyecto la Secretaría de Salud “se ha excedido en las facultades con las que cuenta, y que llega a contemplar inconsistencias legales, las cuales podrían derivar en posibles acciones legales de parte de actores impactados”.
Solicitó revisar los artículos que exceden lo acordado, votado y aprobado por el Congreso, así como otorgar los plazos necesarios para la implementación correcta de este reglamento.
