La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, solicitó a los diputados federales el impulso de una reforma que prohíba la retención de los pagos derivados de la entrega de programas sociales como la pensión de adultos mayores o las becas a estudiantes.
“Recientemente ha surgido este debate sobre la legalidad de las retenciones, descuentos, deducciones o embargos realizados por cuenta de particulares, en perjuicio de los salarios de los trabajadores”, recordó la secretaria.
En respuesta, la vicecoordinadora de Morena, Aleida Alavez, recordó que al interior del recinto legislativo de San Lázaro ya existe una iniciativa en la materia, misma que será debatida esta misma semana en comisiones.
“Deben generarse las condiciones necesarias para brindar la mayor protección posible a esos recursos”, detalló la legisladora guinda.
Alavez advirtió que el cobro de deudas sin juicio previo, cuando se trata de recursos provenientes de programas sociales, coloca a la persona vulnerable en un estado adicional de vulnerabilidad, pues se genera un daño económico que afecta su subsistencia y la de su núcleo familiar.
Por ese motivo, insistió en que los recursos que se emplean para garantizar los derechos fundamentales de las personas mayores, personas con discapacidad y estudiantes, así como aquellos apoyos para combatir la pobreza y la desigualdad social, “deben contar con la protección en sede constitucional”.