“Llegaste al sitio correcto”, se proclama en una página de internet que promueve la venta de la pastilla abortiva misoprostol en Costa Rica, pese a que la interrupción voluntaria del embarazo está prohibida en el país y solo se permite si hay riesgo para la vida de la mujer.
Vía WhatsApp, la compañía remitió a El Universal información a detalle sobre el medicamento -“no tiene efectos secundarios”, recalcó-, las recomendaciones generales de uso y los precios, que oscilan entre 79 dólares por cuatro pastillas a 208 dólares por 12, pero con ofertas intermedias: 122 dólares por seis, 143 dólares por ocho y 172 por 10.
“Entregas en San José centro todos los días. Pagos en efectivo únicamente”, detalla.
Datos comerciales mostraron que 60 píldoras valen 15 dólares en Estados Unidos. El negocio en Costa Rica es una vieja práctica y se reproduce en los países de América Latina y el Caribe en los que el aborto está prohibido, on lo cual los negociantes de medicinas ilícitas de la zona hacen números alegres.
Ahora, por la ilegalización del aborto en EUA, el precio en el mercado negro del producto podría subir sin control en las naciones prohibicionistas, totales o parciales, de la interrupción voluntaria o involuntaria del embarazo. La Organización Mundial de la Salud (OMS) estableció que su uso es seguro y recomendó el acompañamiento por telemedicina. Al estar ilegalizado el aborto, la producción de misoprostol en EUA podría ser restringida en algunos estados y a su vez provocar un desabasto en los mercados clandestinos latinoamericanos y caribeños.
El Universal comprobó que en naciones como El Salvador, que cerraron la opción del aborto en cualquier circunstancia, hay gran oferta de misoprostol en internet. El medicamento es legal en algunos países: se usa para males estomacales y otros padecimientos o para inducir partos en centros legales de salud. Como abortivo farmacológico y alternativa a otros métodos, es contrabandeado como droga ilícita y circula en el hemisferio a través de su venta en la clandestinidad en los países con restricciones para el aborto. Negocios clandestinos similares existen en Honduras, Jamaica, República Dominicana, Surinam y Haití, que integran el grupo de prohibición total del aborto en América, confirmó El Universal.
En las páginas de internet se detalla que la medicina, que se puede ingerir o colocar en la vagina, debe aplicarse entre las semanas 6 y 12 de embarazo y es 90 % efectiva.
La interrupción voluntaria del embarazo es legal en Colombia, Argentina, Cuba, Uruguay y Guyana. Mientras que Perú, Costa Rica, Bahamas, Granada, Trinidad y Tobago, y San Cristóbal y Nieves, la permiten solo si la vida de la mujer está en riesgo. Bolivia incluye los casos de afección a la salud mental, violación e incesto, así como deterioro fetal y de la mujer; Ecuador por la salud de la madre y otros motivos. Belice, Barbados y San Vicente y las Granadinas lo autorizan por salud de la madre o del feto, violación e incesto, además de factores socioeconómicos y culturales. México lo mantiene ilegal excepto para salvar a la mujer, por violación o deterioro fetal, y tiene sus variantes por estados. Panamá lo autoriza por salud de la mujer, violación y deterioro fetal, con autorización o notificación de los padres; y Brasil por salud de la madre, violación y causas adicionales. Chile lo permite por deterioro fetal y de la mujer, además de violación. Venezuela, Guatemala, Paraguay, Antigua y Barbuda por salud de la madre.
La filial en Bogotá del (no estatal) Centro de Derechos Reproductivos, grupo mundial defensor de derechos humanos, planteó a este medio: “Es considerado ampliamente seguro y eficaz; el nivel de seguridad y eficacia varía según el régimen de medicamentos y la edad gestacional (...) Una revisión sistemática realizada en 2015 de 20 estudios con mujeres que tuvieron un aborto con medicamentos inducido con mifepristona [otro fármaco] seguida de misoprostol, mostró una tasa de eficacia general de 96.6 %; por eficacia se entiende que la mujer no necesitó ningún otro tratamiento médico”.
“Peligrosísimo”, refutó a este diario el costarricense Luis Jiménez, doctor en Bioética por el Pontificio Ateneo Regina Apostolorum de Roma y vicepresidente del (no estatal) Instituto Interamericano de Derechos Humanos de esa capital: “Vender pastillas abortivas por internet es exponer a las mujeres a un aborto peligroso, porque se hace generalmente en condiciones no óptimas. Es un negocio clandestino, ilegal”.