El Poder Judicial de la Federación (PJF) ordenó al Ejército no destruir los documentos relacionados con el caso Ayotzinapa, al conceder la suspensión provisional dentro de un juicio de amparo promovido por los padres de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala, Guerrero, el 26 de septiembre del 2014.
Los padres señalan la responsabilidad del secretario de la Defensa Nacional, del jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional, del titular de la Jefatura de Inteligencia del Estado Mayor de la Defensa Nacional.
También del titular de la subjefatura de Inteligencia del Estado Mayor de la Defensa Nacional y del director del Centro Militar de Inteligencia, entre otros.
De acuerdo al Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), el 15 de agosto los familiares de los normalistas interpusieron ante el PJF una demanda de amparo en contra de la cadena de mando del aparato de inteligencia militar.
Esto por estimar que las autoridades han incumplido el decreto presidencial de 4 de diciembre de 2018, mediante el cual se ordenó a todas las dependencias de la administración pública federal colaborar con el esclarecimiento del caso Ayotzinapa, violando el derecho a la verdad de los familiares y de toda la sociedad en su conjunto.
En su demanda, las familias argumentaron que con la publicación del sexto y último informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) tuvieron conocimiento de que el Ejército ha ocultado arbitrariamente un número todavía indeterminado de reportes de los Centros Regionales de Fusión de Inteligencia.
A pesar de que los indicios permiten inferir que su contenido es relevante para entender el contexto criminal de Iguala y en particular para esclarecer lo ocurrido el 26 de septiembre de 2014.