Principios. Entre los principios fundamentales de la transición política que inició en México hace ya cuatro años, se encuentran el respeto a la democracia y su fortalecimiento. Desde hace décadas se han logrado diversas victorias, siendo la de 2018 la más significativa. Sin embargo, el triunfo electoral que se obtuvo no es suficiente; se necesita ir más allá para asegurar que la democracia sea por sí misma un principio de la vida pública, y su respeto, inflexible.
En este contexto se sitúan la reforma electoral y el llamado “Plan B”. Se debe tener claridad en que la iniciativa de reforma inicial —el denominado “Plan A”— no se aprobó en la Cámara de Diputados.
Desde el inicio de su discusión, esta iniciativa y las propuestas posteriores generaron una amplia división de opiniones. Sin embargo, por el bien de la nación, no hay que olvidar que, frente a estas diferencias, que deberán ser dirimidas dentro de los marcos legales, subyace una coincidencia innegable: el deseo de que la democracia prevalezca en el país.
Verdades. La importancia del tema y las distintas visiones en torno a él han ocasionado, de manera natural, la politización y mediatización de las discusiones. Frente a este escenario se debe actuar con transparencia, honestidad, responsabilidad, objetividad y veracidad.
Por lo anterior, es importante explicar que el Plan B, conformado por seis leyes en materia electoral, fue agrupado en dos bloques: el primero de ellos contiene dos leyes que ya se aprobaron y están vigentes, aunque fueron impugnadas frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Las cuatro leyes restantes, que integran el segundo bloque, están pendientes de trámite en el Senado de la República, y se componen a su vez por 420 artículos, de los cuales 419 ya se aprobaron en ambas Cámaras. Solo resta uno, el artículo 12 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, también conocido como la “cláusula de la vida eterna”, el cual permitiría a los partidos postular personas bajo la figura de candidaturas comunes, y que deberán firmar un convenio de distribución de los votos emitidos.
Conscientes de la etapa y el avance del proceso legislativo, las y los consejeros del Instituto Nacional Electoral, junto con más de 80 organizaciones de la sociedad civil, solicitaron un encuentro con la Junta de Coordinación Política del Senado de la República.
Perspectiva. El proceso legislativo del Plan B está por concluir. Independientemente de lo que suceda con el artículo que se está discutiendo, lo cierto es que el futuro de su aplicabilidad recaerá en otra instancia.
Pero, más allá de lo que legalmente suceda, deben ser capaces de prepararse para trabajar con unidad. Se puede tener una infinidad de planes, cada uno distinto y propio, pero el objetivo tiene que ser consolidar y proteger la democracia, por encima de cualquier diferencia, por encima del pasado y en favor del futuro.
