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De acuerdo con el Banco Mundial, las economías informales generan hasta un 40 por ciento del Producto Nacional Bruto en los países en vías de desarrollo.

Este fenómeno ha sido motivo de estudio, pero recientemente se pretende incorporar su medición en las encuestas nacionales, como es el caso de Centroamérica.

Sin embargo, lo fundamental es combatirlo. En este sentido, la Comisión Intersecretarial para la Prevención y Combate a la Economía Ilegal pretende diseñar esquemas para desaparecerlo.

Lo anterior, se indica, permitirá impulsar mejores condiciones de prosperidad y de mayor desarrollo para alcanzar un México en paz, uno de los ejes del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. Para ello se pretende tomar en cuenta la dimensión social del problema.

Tanto para la administración pública como para la iniciativa privada, la prevención y el combate a la economía ilegal es tarea de todos los órdenes de gobierno.

La economía subterránea es un conjunto de actividades legales e ilegales, cuyo registro elude las regulaciones fiscales y laborales; mientras que la economía informal abarca aquellas actividades lícitas y que tampoco son registradas, o lo son parcialmente, en las cuentas nacionales y el sistema fiscal. Ambas tienen la característica común de escapar total o parcialmente de las normas del Estado. Según estimaciones, más de 50 por ciento de los trabajadores en Latinoamérica dependen de empleos informales, de mala calidad, en condiciones precarias, sin protección ni derechos, con bajos salarios y sin ningún tipo de estabilidad, pero además, la actividad, que no paga impuestos, en lo que corresponde a este país deja pérdidas al no ingresar más de 950 mil millones de pesos. La economía informal, no sólo el ambulantaje sino todo el comercio que no está inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes, representa un desafío que en vez de ir menguando parece crecer, por lo menos en la región mencionada.La informalidad constituye un gran reto de carácter estructural, pues muestra que el crecimiento del Producto Interno Bruto en muchos países no ha permitido crear suficientes empleos asalariados o formales, y por lo tanto es necesario tomar medidas, diseñar planes específicos.

Es un reto, pero también aumentar la calidad de los empleos. En el caso de los jóvenes, la situación es igualmente importante pues la informalidad afecta al menos al 60 por ciento. Se estima que un total de 93 millones de personas están en el empleo informal en 16 países de la región latinoamericana.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía muestra que el subsector informal genera el 12.7% del Producto Interno Bruto con una participación del 28.5% de la población ocupada. Sin embargo, no considera la denominada economía subterránea, ni actividades ilegales como la evasión fiscal, la piratería, la producción y trafico de drogas, el comercio y transporte de mercancías de contrabando, entre muchas otras.

El empleo informal tiene presencia considerable en cada sector de la economía: representa el 94% de las actividades en la agricultura, el 73% tanto en la construcción y en la industria, el 63% en el transporte, el 48% en el sector servicios.

Ante esta realidad, quienes analizan el comportamiento del fenómeno señalan la necesidad de revisar leyes, reglamentos y trámites que obstaculizan la vía legal. Sostienen que mediante reformas es posible desplegar un crecimiento económico sostenido para emplear y dotar de oportunidades a las personas que hoy no pueden incorporarse a la economía formal.