El Ejecutivo federal alista una iniciativa de reforma que en los próximos días enviará al Congreso de la Unión, en la que se proponen penas de 50 a 100 años de cárcel para agentes del Estado que cometan el delito de desaparición forzada de personas, y de 40 a 90 años cuando se trate de particulares.
El subprocurador de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la Procuraduría General de la República, Eber Omar Betanzos, indicó que la pena de prisión sería de 30 a 50 años cuando se trate del delito de ocultamiento.
Durante su participación en las mesas de trabajo de las comisiones unidas de Derechos Humanos, Estudios Legislativos y Justicia del Senado, para dictaminar las iniciativas en materia de desaparición forzada y desaparición perpetrada por particulares, el funcionario adelantó parte del contenido de la iniciativa.
Dicha iniciativa de reforma, la enviará Ejecutivo federal al Poder Legislativo antes de que concluya el actual periodo ordinario. “Propone una penalidad alta, la pena que se propone es de 50 a 100 años de prisión y de cuatro mil a ocho mil días de multa para la desaparición forzada y tratándose del ocultamiento de 30 a 60 años de prisión”, indicó.
