Senadores, legisladores y especialistas se pronunciaron por un marco jurídico adecuado y por modificar la ley en materia de trata de personas para evitar este delito a través de la subrogación de vientres o embarazos forzosos.
En el foro «Análisis de los delitos contenidos en la ley vigente contra la trata de personas, así como la protección y atención a víctimas», destacaron que se deben evitar confusiones entre la explotación con fines de reproducción y la subrogación de vientres.
La senadora panista Adriana Dávila, presidenta de la Comisión contra la Trata de Personas, dijo que es necesario establecer un marco jurídico adecuado para no generar lagunas legales.
Explicó que en el tema de la subrogación de vientres, “el ofrecimiento, la concesión o recepción de un pago beneficio a un tercero que ejerza dirección, influencia, autoridad sobre otro, o el consentimiento de una persona que ejerza dirección, influencia o autoridad sobre otra”, se pierde todo sentido de voluntad personal.
De acuerdo con la legisladora priista, lo anterior señala que se habla de engaños y de obligar a otra persona, “se está hablando de captar, se está hablando de enganchar”, y mientras esa dos condiciones se cumplan se presume de un delito.
Indicó que con base en lo expuesto por los expertos en temas médicos, clínicos y sociológicos, se habla de la subrogación de vientres o maternidad subrogada o algún otro concepto, “pero si se da la explotación y que se obligó a alguien, hay un delito que castigar”.
En ese sentido agregó que es indispensable definir en la legislación el combate la trata de personas y tener mucho cuidado de la línea tan delgada que divide un derecho de un delito.
En su intervención Ingrid Tapia, especialista del Early Institute, demandó a los legisladores la prohibición absoluta de la maternidad subrogada, por constituir una ofensa nacional a las mujeres y en particular a las mujeres más vulnerables.
