México * El Universal. El caso del joven Jethro Ramsés Sánchez Santana, asesinado por dos militares en Cuernavaca, dividió al pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) durante una sesión en la que incluso se cuestionó si es constitucional el uso del Ejército en tareas de seguridad pública.
Al continuar el análisis sobre los límites del fuero de guerra, un grupo de ministros consideró que el caso es de jurisdicción militar, otros se pronunciaron por que debe ser del conocimiento de tribunales civiles, y una tercera postura planteó se lleve ante las dos instancias, la justicia castrense y la justicia civil, separando los delitos militares de los de orden común.
El ministro Guillermo Ortiz propuso que, en este caso, se debe propiciar la separación de los procesos, dando pauta al juez militar a aplicar la ley del orden común, declarando que hubo homicidio y encubrimiento, pero subsumiendo en ellos el ilícito del fuero militar, que fue objeto de la consignación, a fin de que no quede sin castigo.
La ministra Olga Sánchez Cordero sostuvo su dictamen, el cual propone que el caso sea turnado a un juzgado del fuero común del estado de Morelos, ya que el inculpado no estaba desempeñando funciones militares cuando ordenó a dos subalternos ocultar el cadáver del joven, quien falleció en el cuartel.
El ministro José Ramón Cossío apoyó la propuesta, pero no las consideraciones del dictamen, pues en su opinión los tribunales castrenses pueden conocer solamente de los delitos cometidos en instalaciones militares, cuando tanto el responsable como la víctima forman parte del Ejército.
