Ganaderos, rancheros y choferes de tráileres denunciaron la instalación de cuatro retenes militares en diversas áreas de Nuevo Laredo, Tamaulipas, los cuales, violan los derechos constitucionales de los ciudadanos al impedir su libre tránsito y realizar acciones sin el debido proceso legal. La denuncia fue expuesta durante una reunión con la alcaldesa del municipio fronterizo, Carmen Lilia Canturosas, a quien los afectados solicitaron su intervención ante la situación.
Según los testimonios recabados, los puntos de revisión se ubican en zonas estratégicas de las carreteras y brechas de la región, lo que está generando grandes inconvenientes a los habitantes y afectando las actividades económicas locales. La situación ha empeorado con los abusos reportados por los pobladores, quienes aseguran que los elementos castrenses no solo están instalados de manera ilegal, sino que también se han apropiado de bienes ajenos, como parte del accionar de estos retenes.
Integrantes de la Canacar, Angadi y transportistas han denunciado los antinconstucionales retenes, señalando que vulneran la integridad de los trasportistas, choferes, ganaderos, turistas cinegéticos y rancheros, que son sometidos a revisiones ilegales.
Ante la Fiscalía General de la Republica se han interpuesto 15 denuncias en contra de los militares por parte de transportistas, choferes de tráileres y ganaderos, que han sido víctimas de robos, maltrato y abuso de autoridad por parte del personal militar.
Contra los retenes militares
Uno de los retenes denunciados está situado en el kilómetro 26 de la carretera nacional, lugar donde al percatarse de la presencia de reporteros que acudieron a documentar la denuncia de los ciudadanos, los militares huyeron rápidamente, dejando atrás pruebas de las irregularidades. En esa misma área, además del retén, se reportó la apropiación de una parte del terreno, lo cual ha generado inquietud entre los propietarios de los ranchos.
Otro de los retenes se encuentra en la entrada a las brechas Mex II y Los Cristales, en este se trata de personal militar asignado a Saltillo, Coahuila, mientras que el tercero se sitúa a unos 10 kilómetros dentro de la brecha Los Cristales, donde los militares han ido más allá al romper cercas de propiedad privada y establecer un campamento dentro de un rancho cinegético, una acción que contraviene las normativas de propiedad y el respeto a los derechos de los dueños.