El presidente de México decidió políticamente que la Guardia Nacional debe estar subordinada a la Secretaría de la Defensa Nacional. El Poder Ejecutivo desea que los militares se encarguen de hacer funciones de seguridad pública hasta el 2028 y que sigan en las calles haciendo funciones de policías.
Hace unos días, el presidente Andrés Manuel López Obrador declaró públicamente que antes de ganar las elecciones presidenciales pensaba que era un error recurrir a los soldados para enfrentar a los grupos criminales, pero ahora que ya está en el poder cambio de opinión, al ver la gravedad del problema y la falta de una policía idónea para enfrentar al crimen.
Se entiende la decisión política del presidente de México. El problema de la seguridad es grave y hay que resolverlo. Sin embargo, actualmente la Constitución prohíbe que la Guardia Nacional dependa de un mando militar; entonces, la única vía conforme a Derecho es cambiar la Constitución.
Pero al no contar con los votos suficientes en el Congreso, el Ejecutivo optó por enviar una iniciativa de ley que va en contra del texto de la Carta Magna. Previendo que la Guardia Nacional no tenga un mando civil, las mayorías del partido político en el poder y sus aliados lograron aprobar el pasado viernes cuatro leyes para que la Secretaría de la Defensa Nacional ejerza su control operativo y administrativo.
Esta decisión política es legítima. Pero permanece la cuestión: ¿Qué debe prevalecer, el Derecho sobre el poder, y por tanto la Constitución, o el poder que crea al Derecho?
Las teorías que sostienen al Derecho sobre el poder consideran que el Estado Mexicano existe esencialmente por las normas constitucionales que prevén un sistema jurídico ordenado que prevalece jerárquicamente por encima del resto de las leyes. Esto constituye el fundamento de validez de las normas.
Contrario a esa visión, hay quienes interpretan que en la propia Constitución está previsto el poder soberano, que se ejerce a través de los representantes de la Nación, quienes crean al Derecho, por lo que el poder político constituye el fundamento de validez del Derecho y por lo tanto prevalece sobre aquel.
Este conflicto de la validez de las leyes que regulan la función de la Guardia Nacional seguramente se resolverá en la Corte, que tiene la facultad de invalidar aquellas normas que se interpreten contrarias a nuestra Carta Magna. Así lo han hecho las y los ministros de la Corte en múltiples casos en defensa del Derecho.