La temible presencia de las maras salvatruchas MS-13 y 18 o Barrio 18 (M-18), que en sus entrañas hierven sangre, odio y violencia, tiñe de rojo a diario las calles del norte de Centroamérica.
“Las maras son un instrumento y un entorno de terror”, advirtió la comunicadora social guatemalteca, Iduvina Hernández, directora ejecutiva de la (no estatal) Asociación para el Estudio y Promoción de la Seguridad en Democracia, de Guatemala.
En el conflicto bélico de Guatemala, de 1960 a 1996, entre las guerrillas izquierdistas y el aparato castrense, político y económico derechista, “el terror funcionó como herramienta contrainsurgente utilizado siempre por las estructuras militares para generar control social”, explicó Hernández.
“El impacto” de las maras en el triángulo es distinto “por las marcadas y muy profundas desigualdades sociales imperantes” y por la “existencia de minorías privilegiadas y mayorías menospreciadas”, adujo el abogado y politólogo salvadoreño, Benjamín Cuéllar, dirigente de Víctimas Demandantes “Vidas”, grupo (no estatal) de El Salvador de defensa de derechos humanos.
A las privilegiadas las perjudican “en nada, aunque probablemente se vean afectadas en sus ingresos exorbitantes al ser extorsionadas sus empresas (por las maras) al momento de repartir productos en zonas de alto riesgo”, dijo Cuéllar.
Pero a las menospreciadas el asedio de esos grupos “conlleva el pago periódico y oneroso de la llamada ‘renta’, el cierre de sus pequeños negocios, desarticulación familiar, pérdida de sus modestos empleos, desplazamiento forzado para salvar sus vidas, asesinatos y desaparición forzada de sus miembros”, añadió.
“Dicho accionar criminal provoca angustia, temores, desesperanza y más”, mencionó.
Así, centenares de guatemaltecos, salvadoreños y hondureños huyen a diario de sus países de origen de las amenazas de muerte de las maras y de la inseguridad generalizada y migran por vías irregulares a Estados Unidos, donde se establecen como residentes ilegales.
Sin que exista un número preciso, los cálculos de las agencias policiacas aseguraron que hay más de 100 mil mareros en El Salvador, Guatemala y Honduras.
Con unos 60 mil en El Salvador de ambas pandillas, con sus familias forman una población de más de 400 mil personas que son una fuerza electoral nada despreciable en la política salvadoreña.
La crisis sufrió este año un agravamiento. Tras un acelerado incremento de los homicidios en El Salvador, el presidente Nayib Bukele atribuyó ese fenómeno a las maras e impuso el 27 de marzo el estado de excepción por 30 días, pero ya lo prolongó, está vigente y fue severamente cuestionado por la oleada de arrestos arbitrarios.
Cada vez que observan a las patrullas militares y policiales que, fuertemente armadas, atemorizantes y retadoras, recorren las calles para perseguir y aniquilar a las maras o pandillas al amparo del estado de emergencia, el pánico se apodera en mujeres y hombres de El Salvador.
