Se vive tiempos de profunda polarización, tanto en el mundo como en México. La pluralidad de visiones es parte de una democracia viva, pero cuando la divergencia sustituye al diálogo, el riesgo es que la política pierda su función esencial: construir soluciones comunes.
En este contexto, las discusiones recientes sobre la Ley de Amparo o la Ley Aduanera reflejan el desafío de avanzar, sin perder de vista la serenidad institucional que exige el Estado de derecho.
La reforma a la Ley Aduanera, aprobada esta semana en la Cámara de Diputados, busca cerrar los espacios a la evasión y al contrabando, pero también enfrenta críticas por mantener un modelo de control militar en las aduanas y por imponer cargas desproporcionadas a los agentes aduanales.
Su objetivo declarado es combatir el huachicol fiscal, uno de los principales focos de corrupción del país. Sin embargo, el equilibrio entre eficacia recaudatoria y congruencia normativa sigue en disputa.
Entre sus fortalezas destaca la automatización y trazabilidad de operaciones, la creación de un Consejo Asesor SAT-ANAM y la incorporación de estándares internacionales de identificación de clientes.
Pero persisten debilidades graves: facultades discrecionales excesivas, afectaciones a la presunción de inocencia y una carga regulatoria que podría impactar la competitividad, especialmente de las PyMEs. La serenidad legislativa exige que estas reformas no se conviertan en instrumentos de control sin contrapesos.
De manera paralela, la reforma a la Ley de Amparo, próxima a discutirse en comisiones y en el Pleno de Diputados, representa un punto de inflexión en la defensa de derechos.
Aunque introduce avances técnicos como la digitalización del procedimiento, la minuta contiene inconsistencias constitucionales: restringe la suspensión del acto reclamado —el corazón del amparo—, redefine el interés legítimo de forma restrictiva y aplica retroactivamente sus disposiciones, vulnerando el artículo 14 constitucional. Tales medidas debilitan el control judicial sobre los actos de autoridad y reducen la protección efectiva frente a abusos del poder.
El debate que viene será decisivo. La Cámara de Diputados tiene la responsabilidad de revisar y, en su caso, modificar el texto enviado por el Senado en temas tan importantes como la amplitud de la suspensión y la garantía del acceso razonable a la justicia constitucional. No es deseable una aprobación “fast track”, el proceso legislativo requiere pulcritud y respeto institucional.
En ambas reformas —la aduanera y la del amparo— se expresa la misma disyuntiva: polarización o serenidad. La primera empuja a ver en cada iniciativa una batalla ideológica; la segunda permite construir acuerdos que fortalezcan la democracia y se privilegie el papel deliberativo del Congreso.
El país necesita leyes eficaces, sí, pero también legitimadas por el consenso y la razón. Sólo así se podrá combatir la corrupción sin vulnerar derechos, recaudar sin abusos y modernizar la justicia sin retrocesos.
