El gobierno español aseguró haber “desarticulado” la organización del referéndum de independencia prohibido en Cataluña, bloqueando todos sus recursos informáticos y cerrando mil 300 centros de votación, sin embargo, decenas de ellos seguían ocupados por activistas determinados a celebrar la consulta.
Enzarzado desde hace años en un conflicto creciente con el gobierno del conservador Mariano Rajoy, el ejecutivo regional catalán está decidido a celebrar un referéndum de autodeterminación hoy domingo, pese a que fue prohibido por el Tribunal Constitucional español.
Tras meses de secreto, el viernes desveló algunos de sus detalles, entre ellos, la existencia de 2.315 centros de votación en toda Cataluña, región de 7,5 millones de habitantes en el noreste de España.
De estos centros, “1,300 ya han sido precintados”, afirmó el representante de Rajoy en Cataluña, Enric Millo.
Precisó que 163 de estos centros están ocupados por activistas que realizan actividades culturales o deportivas, “con toda paz y cívicamente”, a quienes se les permite salir, aunque se impedirá la entrada a nadie más.
Reconoció que entre los mil centros que quedaban por precintar podría haber decenas más ocupados.
La AFP visitó el sábado varias escuelas en las que padres, alumnos y vecinos podían entrar y salir libremente. Y según una fuente del gobierno independentista catalán, había “unos 200 centros ocupados” sólo en Barcelona y su periferia.
“Aquí ya han venido los agentes, han hablado con nosotros y nos han dicho que tenemos que salir antes de las 06H00 de la mañana el domingo pero no han cerrado nada”, explicó a la AFP Thais, una madre de 38 años que, como muchos activistas, prefería no dar su apellido.
“Pensamos que es esencial que el centro esté abierto el día que tiene que estar abierto, que es el día 1”, había asegurado anteriormente mientras iniciaba el viernes por la noche la ocupación de la escuela de su hijo, Turó del Cargol, al pie del célebre Parque Güell de Barcelona.
En un esfuerzo por desmantelar la logística de un plebiscito prohibido, la justicia española ordenó el cierre de escuelas, centros cívicos y otros locales designados para acoger la votación.
Esto pone contra las cuerdas a la policía regional catalana, los Mossos d’Esquadra, dependiente del gobierno independentista catalán, pero obligada a hacer respetar las decisiones judiciales.
Los agentes catalanes recibieron sin embargo la orden de no recurrir a la violencia, lo que abre el interrogante de qué ocurrirá si los activistas ofrecen una resistencia pacífica.
A las personas que están dentro “las invitamos a salir”, insistió Millo, agregando: “no creemos que sea necesario” desalojarlas contra su voluntad. Admitió, sin embargo, que si se registran “actos de desobediencia” los cuerpos policiales deberán actuar “con proporcionalidad”.
