En la tumba en la que yace Daniel Esteban González, alcalde electo de este municipio, la tierra aún está fresca. Apenas el 19 de enero pasado le hicieron la novena de su segundo entierro y hasta un par de veladoras siguen encendidas.
Después de haber estado desaparecido por poco más de un año, sus restos fueron hallados en una fosa clandestina a las afueras de Tlapa.
Daniel Esteban asumiría el mando de este pueblo de indígenas Ñuu Savi, el 1 de octubre de 2018, pero el 2 de septiembre de ese mismo año fue capturado, desaparecido y enterrado en un paraje de esta zona de la Montaña de Guerrero.
La violencia política se ha instalado en el estado desde que en 2012 el alcalde electo de Teloloapan, Jesús Valladares Salgado, fue capturado por una célula del grupo criminal La Familia Michoacana, comandada por un barón local apodado “El Pez”, para obligarlo a entablar pactos o pena de muerte. Fue uno de los primeros casos conocidos dentro y, sobre todo, fuera de Guerrero.
En los últimos cuatro años -en los que han habido dos elecciones, en 2015 y en 2018-, 45 personas vinculadas a la política han sido asesinadas en la entidad. Entre ellas, al menos una docena de aspirantes, precandidatos, candidatos o autoridades electas.
Las zonas de mayor riesgo son Tierra Caliente, Centro y Costa Grande. En 2015, por ejemplo, en el proceso en el que resultó electo gobernador el priista Héctor Astudillo Flores, asesinaron a Aidé Nava González, precandidata del PRD a la alcaldía de Ahuacuotzingo. Y ya con la campaña en marcha, mataron a Ulises Fabián Quiroz, candidato del PRI a la presidencia municipal de Chilapa, ambas localidades del centro del estado, donde inicia la región de La Montaña.
Tres años después, en 2018, en medio de otra campaña electoral para renovar el Congreso Local y las 81 presidencias municipales, fue enviado a Chilapa un destacamento militar para garantizar las elecciones.
En medio de la movilización, el entonces comandante de la 35 Zona Militar, Terán Valle, declaró que “los actos de violencia entre dos grupos delictivos, Los Rojos y Los Ardillos, eran porque estaban tratando de cooptar a los candidatos de los municipios. Además de que se disputaban el control de la venta de droga y el territorio”.
Ese año, 2018, y el anterior, 2017, durante las precampañas partidistas asesinaron a 10 aspirantes, candidatos y autoridades electas.
El común denominador de estos crímenes es la impunidad, dice en entrevista el profesor investigador de la Universidad de Guerrero Noé Mondragón Norato, especialista en violencia política.
