Las acciones del gobierno inhiben claramente la inversión en el sector energético, tanto por políticas públicas como por modificaciones regulatorias o porque se alargan los plazos de resolución, dijo la comisionada presidenta de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), Alejandra Palacios.
Esa situación llevó a los particulares a presentar amparos ante el Poder Judicial mexicano, además de que pueden analizar pedir arbitrajes vía el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
Dijo que la Suprema Corte de Justicia pidió ya la opinión de la Cofece en torno a 20 amparos que presentaron empresas para modificaciones a las reglas de la industria eléctrica.
Expuso que se enfrenta también una “parálisis administrativa” porque la Secretaría de Energía suspendió los plazos y la Comisión Regulatoria de Energía (CRE) no emite los permisos a la velocidad que lo exige la ley, todo lo cual tiene efecto en la falta de competencia.
