Los resultados electorales del 2 de junio, que refrendaron el respaldo popular al partido gobernante, ratificaron la necesidad de adaptar las instituciones y las leyes a las realidades y demandas del pueblo de México.
En este contexto, es fundamental que los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales no solo se preserven, sino que se fortalezcan y se asegure su progresividad, pues son pilares fundamentales de cualquier democracia y claves para el ejercicio de otros derechos humanos.
Como parte de este rediseño, muchos proponen una renovación del INAI que considere los siguientes elementos para garantizar su cercanía, imparcialidad y capacidad de respuesta a las demandas ciudadanas:
Preservar una institución imparcial y especializada con competencia nacional para resolver las inconformidades de los ciudadanos, dirigida por un colegiado compuesto por cinco o tres personas, asegurando su independencia y profesionalismo.
Evaluar la transferencia de la agenda de protección de datos personales en posesión de particulares al Ejecutivo federal, específicamente al sector Economía, para reforzar la capacidad regulatoria en este ámbito clave para la economía digital.
Establecer un Consejo General como órgano auxiliar que promueva la rendición de cuentas y la toma de decisiones basadas en criterios técnicos y objetivos, fortaleciendo la transparencia en el uso de los recursos públicos.
Reducir y compactar la estructura orgánica, fortaleciendo al personal operativo, con el fin de mejorar la eficiencia institucional y asegurar que cada peso invertido en el instituto se traduzca en un mayor beneficio para la sociedad.
Estos ajustes permitirían contar con una institución aliada de los mexicanos que garantice su derecho de acceso a la información y su privacidad frente a las instituciones, así como a redimensionar el alcance de la protección de los datos personales en el sector privado como detonante de nuevas sinergias comerciales con otros países y promover la atracción de nuevas inversiones, contribuyendo así a la solidez de las finanzas públicas y al desarrollo nacional.
Por ello refrendan el llamado al Congreso de la Unión para que, en un espíritu de responsabilidad, con una visión de Estado y en favor de los derechos humanos, consideren esta propuesta. Preservar y fortalecer los derechos que tutelan no es solo una obligación legal, sino un deber moral hacia las futuras generaciones.