La consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, aseguró que el Gobierno Federal ha generado un ahorro aproximado de 5 mil millones de pesos como resultado de la eliminación de las llamadas “pensiones doradas”, quien además rechazó que la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo haya dado marcha atrás en los límites establecidos para las jubilaciones de exfuncionarios.
Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, Alcalde explicó que la Consejería Jurídica emitió una opinión tras recibir consultas de diversas instituciones públicas sobre la aplicación de la reforma constitucional que fija un tope a las pensiones.
Detalló que la Constitución contiene dos referencias que podían interpretarse como contradictorias: una que establecía como límite la mitad del salario de la presidenta de la República y otra que fijaba como tope el salario íntegro de la titular del Ejecutivo.
Ante ello, señaló que la Consejería determinó que debía aplicarse el criterio más favorable para las personas jubiladas, por lo que el límite máximo quedó establecido en el equivalente al salario de la presidenta.
Recordó que antes de la reforma existían exservidores públicos que cobraban entre 400 mil y hasta un millón y medio de pesos mensuales por concepto de pensión, incluso tras haber ocupado cargos durante pocos años, lo que calificó como un abuso.
Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reconoció que la redacción de la reforma constitucional generó interpretaciones distintas y adelantó que enviarán una modificación al Congreso para eliminar cualquier ambigüedad.
Explicó que la orientación emitida por la Consejería Jurídica fija como límite el salario de la presidenta y que ese criterio será incorporado de manera expresa en la Constitución durante el próximo periodo ordinario de sesiones.
Además, la consejera jurídica de la Presidencia de la República negó que los lineamientos para la protección de los derechos de las audiencias vayan a censurar el contenido informativo de los medios de comunicación y acusó una “campaña de desinformación”.
Alcalde Luján explicó que “los lineamientos no hablan en ningún caso de que se sancionen contenidos, de que sea el Estado el que determine qué es verdad, qué no es verdad, no es el caso (…) Los lineamientos están muy alejados de una intención de censura, de una intención de multar por pensar diferente”.
