La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que el pasado 13 de julio, el embajador de México en Estados Unidos, Roberto Lazzeri, presentó 20 denuncias ante fiscalías estatales y fiscalías de condado de dicho país por la muerte de 17 connacionales bajo custodia o en operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE en inglés).
Por medio de un comunicado, la Cancillería a cargo de Roberto Velasco, detalló otras de las acciones que ha hecho el Gobierno de México luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que se presentarán las denuncias.
Añadió que 8 de las denuncias se presentaron ante fiscalías estatales y 12 ante fiscalías de condado en las jurisdicciones donde ocurrieron los fallecimientos, esto es en los estados de Arizona, California, Florida, Georgia, Illinois, Louisiana, Missouri y Texas.
Otras de las medidas
El 14 de julio, la Embajada de México en Estados Unidos transmitió al Departamento de Justicia, por conducto del Departamento de Estado, la denuncia remitida por la Fiscal General de la República (FGR) respecto de los 17 casos, con la solicitud formal de abrir las investigaciones correspondientes y de emitir una respuesta sobre su curso.
Asimismo, la semana pasada durante reuniones sostenidas con autoridades del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y del ICE, el embajador Lazzeri comunicó las preocupaciones del Gobierno de México por las condiciones en los centros de detención, incluidos los operados por empresas privadas, por lo que solicitó el esclarecimiento de cada caso.
La semana pasada, México tomó nota de la devolución que hizo Estados Unidos de las cartas sobre agentes que operan en territorio estadounidense, ante la muerte de mexicanos en operativos o bajo resguardo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.
La embajada de México en Estados Unidos informó que el embajador Roberto Lazzeri sostuvo una reunión en el Departamento de Estado, en Washington.
En el encuentro, el embajador Lazzeri precisó el alcance de la carta de cese y desistimiento emitida en días pasados: “Se trata de una comunicación dirigida a la empresa privada que opera dicho centro, en la que se le exhorta a apegarse a los protocolos aplicables y a respetar plenamente los derechos humanos de las personas bajo su resguardo”.
