La sentencia contra Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad mexicano, se pidió sea aplazada hasta abril o después, indicó la fiscalía. Después se conoció que será postergada para el 24 de junio.
Antes, en una carta “el gobierno solicita una extensión del plazo de la Corte para la presentación de la respuesta del gobierno a la moción posterior al juicio del acusado del 19 de enero de 2024 al 1 de marzo de 2024, así como el correspondiente aplazamiento de la sentencia, que es actualmente programado para el 1 de marzo de 2024”.
Destaca que “el acusado hace varias acusaciones fácticas completamente nuevas que nunca se habían planteado en el juicio, en ningún momento ante el Tribunal o en ninguna comunicación previa con el gobierno. En consecuencia, el gobierno está buscando unas seis semanas adicionales para presentar su respuesta a dicha moción. El abogado defensor no tiene objeciones a esta solicitud”.
Describe que “el gobierno solicita respetuosamente que se venza el plazo para la presentación de su respuesta al informe posterior al juicio del acusado. La moción, actualmente programada para el 19 de enero de 2024, se aplazará hasta el 1 de marzo de 2024. El gobierno también solicita que la sentencia se aplace hasta una fecha de abril de 2024 o en cualquier momento posterior”.
A mediados de diciembre, la defensa de García Luna pidió otro juicio para su cliente ante el juez Brian Cogan, en Nueva York. El abogado de García Luna presentó documentos judiciales diciendo que su cliente se reunió con altos diplomáticos, agentes del orden y funcionarios de inteligencia estadounidenses más de 180 veces desde 2007 a 2012, un periodo en el que un jurado de Nueva York determinó que había estado cometiendo delitos federales, reportó Alan Feuer reportero del diario The New York Times.
Varios testigos se presentaron para ayudar en su defensa, incluidos algunos de México que habían guardado silencio durante el juicio “por temor a represalias”, escribió César De Castro, luego de que el exsecretario fuera declarado culpable de cuatro delitos relacionados con el narcotráfico y uno por engañar a la autoridad migratoria.
